Este es un blog bilingüe fundado en mayo de 2004, dedicado a proveer perspectivas críticas sobre biotecnología y bioseguridad … This is a bilingual blog, founded in May 2004, dedicated to providing critical perspectives on biotechnology and biosafety. Contact: ruiz@tutanota.com.
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Un informe divulgado por La Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto asegura que esa compañía estadounidense enfrenta una resistencia creciente en diversas partes del mundo.
“Lucha contra Monsanto. Resistencia de los movimientos de base al poder empresarial del agronegocio en la era de la ’economía verde’ y un clima cambiante”*, se titula el trabajo difundido el 4 de abril, cuando la gigante biotecnológica presentaba sus últimos registros de ganancias.
Movimientos sociales, comunidades locales, pequeños productores y agricultores orgánicos rechazan a Monsanto y la agricultura industrial que representa, concluye el informe elaborado por la red campesina, la federación ambientalista y el colectivo de organizaciones que trabajan contra la empresa semillera.
Según un comunicado de prensa conjunto, el coordinador del programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago, dijo que el nuevo estudio “documenta la fuerte oposición” a Monsanto, “que promociona sus productos genéticamente modificados aparentemente sin tener en cuenta los costos sociales, económicos y ambientales”.
La activista Héloise Claudon, de Combat Monsanto, señaló en el parte de prensa que “la mayoría de la población en Europa se opone a la producción de alimentos genéticamente modificados”. “Varios países europeos ahora tienen moratorias nacionales que prohíben el maíz MON810 de Monsanto y las papas Amflora de BASF, a pesar de la fuerte presión de la industria de la biotecnología y de la Comisión Europea de levantar las moratorias”, sostuvo.
El 16 de enero la empresa alemana BASF anunció que abandonaría el desarrollo y comercialización de transgénicos en Europa por la gran resistencia que esos cultivos han generado en diversos países de la región. La compañía decidió centrar sus esfuerzos en otros mercados: América del Norte, del Sur y Asia.
Un representante del directorio de BASF encargado de los organismos genéticamente modificados, Stefan Marcinowski, reconoció en ese entonces que las “tecnologías verdes no son suficientemente aceptadas en muchas regiones de Europa por la mayoría de los consumidores, agricultores y responsables políticos”. “Es por ello que no tiene sentido económico seguir invirtiendo en estos productos (...)”, agregó, citado por la agencia AFP.
De acuerdo a La Vía Campesina, Amigos de la Tierra y Combat Monsanto, el área total plantada con cultivos transgénicos abarca tan solo un 3 por ciento de la tierra agrícola mundial, en contradicción con el panorama alentador que pinta siempre la industria biotecnológica. Las tres redes explican que las plantaciones de transgénicos se restringen a pocos países: el 90 por ciento están en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá.
“La gran mayoría de los cultivos genéticamente modificados son destinados a alimentos para animales en países ricos, en lugar de ser para alimentos para los pobres o quienes padecen hambre”, lamenta el comunicado de prensa de los autores del nuevo trabajo. Agrega que la utilización de transgénicos “homogeneiza los alimentos y elimina el conocimiento y la cultura local”.
El informe presenta importantes luchas contra Monsanto y otras empresas de la agricultura industrial que presionan para imponer los cultivos genéticamente modificados. Los autores buscan que los testimonios y análisis contenidos en el trabajo inspiren y unan a consumidores, activistas y comunidades locales en contra de los abusos cometidos por Monsanto y otras empresas biotecnológicas.
“¿Quién responsabilizará a Monsanto de la devastación mundial de la biodiversidad, de la erosión del suelo y de las violaciones a los derechos campesinos provocadas por la utilización de productos en base al petróleo, que son necesarios para la agricultura industrial?”, se preguntó Dena Hoff, de la Coalición Nacional de Agricultores Familiares, La Vía Campesina América del Norte. La dirigente destacó que los agricultores de diversas partes del planeta presionan en favor de la soberanía alimentaria. “Pero el resto del mundo debe sumarse” a esa lucha, consideró.
* El informe está disponible en español, inglés y francés:
http://www.foei.org/es/recursos/pub... http://www.foei.org/en/resources/pu... http://www.foei.org/fr/publications...
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Por vez primera la justicia de un país europeo condena a una multinacional del agronegocio a resarcir a un campesino afectado por el uso de agrotóxicos lo cual representa un “fallo histórico” que revela “el costo social y de salud” de los productos, afirmó Andrea Ferrante de La Vía Campesina Europa.
La noticia pasó casi desapercibida. Un tribunal judicial francés falló contra la trasnacional Monsanto obligándola a indemnizar a un agricultor que resultara intoxicado por la inhalación de vapores del herbicida “Lasso” comercializado por dicha empresa y que se encuentra prohibido en la Unión Europea desde hace un lustro.
La empresa estadounidense líder de los agrotóxicos de síntesis y semillas transgénicas a nivel global fue condenada este lunes 13 por el Tribunal de Gran Instancia de la ciudad de Lyon a indemnizar por daños y perjuicios a un agricultor francés de 47 años que en 2004 inhaló por accidente su herbicida “Lasso”, resultando con severas secuelas en su salud. El costo de la indemnización se evaluará por parte de un tribunal médico.
El agricultor es Paul François quien ha señalado que la sentencia es un triunfo y podría sentar jurisprudencia para que se produzcan otras similares. "Yo estoy vivo, pero parte de la población agrícola va a ser sacrificada y se va a morir a causa de esto", declaró Francois a la agencia Reuters después de conocer el dictamen al que, ya se anunció, Monsanto apelará.
Tras la inhalación, este productor de cereales en Charente, comenzó a padecer náuseas, tartamudeo, vértigo, dolores de cabeza y otros trastornos que lo obligaron a interrumpir su actividad durante un año. En mayo de 2005, los análisis médicos descubrieron en su organismo restos de monoclorobenceno, un potente disolvente que forma parte de la composición del Lasso junto con el producto activo, el anacloro.
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El modelo de agricultura industrial que se ha venido extendiendo en diferentes puntos del planeta está sustentado en utilización de agrotóxicos, señaló Carlos Vicente, de la organización GRAIN, en el marco de una actividad por el día mundial del No Uso de Plaguicidas, en Argentina.
“No puede existir este modelo de agricultura sin que existan los agrotóxicos (…) Monsanto, que es la mayor empresa biotecnológica y la impulsora y promotora de la soja transgénica, gana muchísimo más dinero vendiendo Glifosato que vendiendo soja transgénica, para ellos ahí está el negocio”, graficó el especialista.
En su intervención, Vicente leyó el discurso presentado ante el Parlamento de Estocolmo, con motivo de haber recibido GRAIN el Premio Nobel Alternativo 2011. En esa ocasión, y con la consigna “Es tiempo de repudiar a los acaparadores de tierra”, desde la organización se dijo que “nunca antes se había invertido tanto dinero en el sistema alimentario industrial”.
“En la última década fuimos testigos de un espectacular incremento en la especulación en los mercados de alimentos básicos de exportación, lo que disparó los precios en todas partes. Con las actuales crisis financiera y económica a nivel global, el capital especulativo busca sitios seguros donde multiplicarse”, manifestó Vicente.
Según dijo, ese dinero “fluye directamente” hacia la agricultura industrial y las adquisiciones de tierra: en este modelo los bancos, los fondos de inversión y los fondos de pensiones se utilizan activamente para comprar tierra por todo el mundo.
“Los datos y los contratos son muy difíciles de obtener, pero los cálculos actuales nos hablan de entre 60 y 80 millones de hectáreas que han pasado a manos de los inversionistas extranjeros para producir alimentos tan sólo en los últimos años. Esto es igual a la mitad de las tierras agrícolas de toda la Unión Europea. La mayor parte de esto ocurre en África, donde los derechos consuetudinarios de los pueblos a la tierra están siendo ignorados de manera flagrante”, manifestó el integrante de GRAIN.
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Con la Soja al Cuello 2 (La ofensiva por la tierra 2011) from Radio Mundo Real on Vimeo.
Por la primera edición de este documental (2009) producido por REDES - Amigos de la Tierra Uruguay y la productora Interludio transcurrían varios casos de conflictos ambientales producidos por el avasallante crecimiento del agronegocio sojero, el que se suma al forestal ocupando entre ambos cerca de dos millones de hectáreas, una octava parte del total del territorio uruguayo.
Con la Soja al Cuello 2 es una actualización de esta problemática que combina su ampliación cuantitativa con otras consecuencias cualitativamente diferenciadas: tal es el caso de la “ofensiva por la tierra” o la dinámica del mercado de tierras y la consiguiente pérdida de soberanía que ha motivado la agricultura empresaria, más allá de los tímidos intentos oficiales por acotarlo.
Otro plano del análisis lo constituye una visión comparativa entre el aporte tributario de estas actividades al Estado uruguayo en relación a sus crecientes utilidades, lo cual a través de leyes de promoción y acuerdos de inversión con terceros países se ha revelado como prácticamente inexistente.
En ese sentido, Con la Soja al Cuello 2 recoge testimonios, sí, pero también el resultado de las investigaciones que sobre esta problemática han llevado adelante académicos y organizaciones de productores y ambientalistas.
Entre otros entrevistados para este documental figuran: el sociólogo Diego Piñeiro (UdelaR), el doctor Humberto Tomassino (UdelaR), el economista Jorge Notaro (Facultad de Ciencias Ecoonómicas, UdelaR), Jacinto de la Cuerda (Pit-Cnt), el ingeniero agrónomo Gustavo Pardo (Comisión Nacional de Fomento Rural).
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Gustavo Grobocopatel, el principal referente de la sojera Los Grobo; Luis Pagani, del gigante de la alimentación Arcor, y Daniel Novegil, de la siderúrgica Ternium, del grupo empresarial Techint. Además de ser férreos opositores, por derecha, del gobierno de Cristina Kirchner, estos tres empresarios tienen otra cosa en común: la semana pasada fueron distinguidos como “emprendedores del año”, en un concurso que organiza la consultora y auditora Ernst&Young (E&Y) en 50 países, y que continuará en junio en Mónaco.
El jurado, curiosamente, los destacó como empresarios con espíritu “emprendedor”, innovadores, destacados por su “modelo de gestión”, porque sus compañías “trascienden fronteras” y porque están “comprometidas socialmente”.
Los organizadores del certamen pidieron la opinión de 250 empresarios para llegar a esa conclusión y destacan que el perfil de los ganadores es de personas que “desafiaron el ‘statu quo’ y que han tenido un impacto considerable en nuestra sociedad, contribuyendo muy positivamente en la comunidad".
Pero está claro que no todos los argentinos piensan en esos términos cuando se trata de las grandes empresas sojeras, que protagonizaron uno de los conflictos más duros que tuvo que enfrentar la administración kirchnerista.
Empresas sojeras como Los Grobo han estado en el ojo de la tormenta por denuncias de evasión fiscal. En 2008, las autoridades argentinas detectaron que varias empresas del complejo sojero habían sobrestimado el registro de sus exportaciones, como una forma de evadir las retenciones que se aplican en el sector desde 2007, y que han sido duramente cuestionadas por las cámaras del sector.
En estas irregularidades, que fueron investigadas por la Oficina Nacional de Control Comercial y Agropecuario (ONCCA), estuvieron involucradas, además de Los Grobo, las semilleras Cargill, Nidera, Bunge Argentina, Toepfer, ADM, Adeco Agropecuaria y Noble, entre otras.
El grupo empresarial Los Grobo se ha extendido en los últimos años a Uruguay y Paraguay, donde también se ha consolidado como una de las principales exportadoras de este grano.
En territorio paraguayo la expansión sojera ha provocado el desplazamiento de miles de campesinos que hoy viven en cinturones de pobreza urbanos, mientras que en Uruguay la consolidación del modelo sojero ha impactado sobre todo en los pequeños productores lecheros, aunque estas situaciones, según parece, no entran en los parámetros que utiliza Ernst&Young (E&Y) para medir el “compromiso social”.
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En septiembre del año pasado se supo que la fundación que maneja el empresario Bill Gates, fundador de Microsoft, compró acciones, a través de un fideicomiso, en la semillera estadounidense Monsanto, una decisión que fue cuestionada por organizaciones como La Vía Campesina.
En la misma línea, un informe publicado en febrero por Amigos de la Tierra Internacional señala que las empresas de biotecnología, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, buscan “nuevos mercados” en África con el propósito de “rescatar las ganancias”, y en ese marco coloca el “interés directo” de la Fundación Gates por “maximizar las ganancias” de la Monsanto.
El documento, que lleva como título "Quién se Beneficia con los cultivos transgénicos: una industria construida en base a mitos", agrega que esta alianza entre Gates y Monsanto termina provocando severos impactos sobre los pequeños propietarios y las comunidades campesinas en África.
La Vía Campesina ya había denunciado en 2010 que la compra de acciones de Monsanto por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates tiene que ver “menos con filantropía que con lucro”, ya que el dueño del imperio Microsoft “está ayudando a abrir nuevos mercados para Monsanto”.
Pero esta colaboración aparentemente indirecta no es nueva. La fundación creada en 1994 por Bill y Melinda Gates ya ha invertido cifras millonarias en la Fundación Rockefeller, con el objetivo de implementar la controvertida Alianza para una Revolución Verde en Africa (AGRA), que le está abriendo el mercado africano a los productos de Monsanto, Dupont y Syngenta.
Se estima que la fundación ya donó 456 millones de dólares para la AGRA y el caso más claro de los vínculos con las empresas de la biotecnología parece estar en Kenya, donde la mayoría de estos recursos económicos terminan en manos de organizaciones locales vinculadas a la Monsanto.
“La Fundación Gates continúa empujando los productos de Monsanto a los pobres, a pesar de la creciente evidencia de los peligros ecológicos, económicos y físicos de la producción y consumo de cultivos transgénicos y agroquímicos”, decía La Vía Campesina en septiembre.
La noticia también impactó en aquella oportunidad en las organizaciones campesinas de Haití, donde la Monsanto ya había incursionado con una donación de 475 toneladas de semilla transgénica para “colaborar” con las víctimas del terremoto.
“Es realmente chocante enterarnos de la decisión de la Fundación Bill y Melinda Gates de comprar acciones de Monsanto mientras le está dando dinero a proyectos agrícolas en Haití que promueven las semillas y agroquímicos de la compañía”, declaró Chavannes Jean-Baptiste del movimiento campesino haitiano de Papaye, citado en la publicación de Amigos de la Tierra Internacional.
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Diversas organizaciones ecologistas y sectores políticos costarricenses reclamaron al gobierno nacional que prohíba la siembra de piña transgénica en el país. Alertaron que ni siquiera se han podido controlar las plantaciones de piña convencional.
Varios diputados de los opositores Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio, e integrantes del Bloque Verde, red de organizaciones ecologistas de Costa Rica, realizaron el 17 de febrero una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para pedir que se conteste negativamente a la solicitud de la empresa L.M. Veintiuno para la siembra comercial de piña transgénica. La compañía pretende plantar de 80 a 200 hectáreas de ese cultivo en el sur del país.
El ambientalista Fabián Pacheco, de la Asociación de Ecología Social, dijo en la rueda de prensa que “sembrar de 80 a 200 hectáreas de una piña genéticamente modificada, que no ha sido estudiada sobre sus impactos en la salud, es poner en riesgo la bioseguridad nacional”.
Como muestra un reporte televisivo de la Unidad de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Pacheco agregó en la conferencia que “el departamento de Biotecnología del Estado, el Servicio Fitosanitario, ha mostrado una absoluta incapacidad para velar por la bioseguridad de Costa Rica”.
En una línea similar se manifestó la representante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, Erlinda Quesada. “Si nuestras autoridades no han sido capaces de mitigar o de transformar todos los problemas ambientales y sociales que se han generado con la piña convencional, ¿cómo nos van a garantizar en este momento de que va a ser diferente con la piña transgénica?”. “Para nosotros eso es casi imposible”, acotó.
Las organizaciones ecologistas del Bloque Verde manifestaron en comunicado de prensa que el departamento de Biotecnología del Estado está “abandonado”, con tres funcionarios “encargados de velar por la bioseguridad de áreas de siembra que superan las 800 hectáreas (período 2009-2010) de soja y algodón transgénico”. Hubo años donde las áreas de siembra superaron las 1700 hectáreas.
El Bloque Verde y los diputados del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio piden que se aplique el “Principio Precautorio” para evitar el cultivo de un transgénico del que no se conocen los impactos reales sobre la salud y el medio ambiente. El Bloque Verde expresa en su comunicado que es “inaceptable” la liberación de la piña transgénica sin estudios objetivos que garanticen la total inocuidad del cultivo. Ambientalistas y parlamentarios firmaron un pronunciamiento con estos lineamientos que entregarán a varias dependencias de gobierno.
“Otorgar estos permisos sería un suicidio ecológico para Costa Rica, sería algo desastroso”, dijo en la conferencia de prensa el diputado José María Villalta, del Frente Amplio. “No hemos tenido capacidad ni siquiera de fiscalizar el cultivo convencional de la piña, siguen proliferando los problemas de contaminación de las fuentes de agua, de erosión, de destrucción de zonas boscosas, son daños que las autoridades no han podido controlar a pesar de que son cultivos convencionales”, agregó.
Villalta destacó también que “ni siquiera en Europa, con su capacidad científica, tecnológica y económica han podido hacer estudios concluyentes sobre el impacto que la piña transgénica va a tener en la vida, la salud, el ambiente y la economía”.
En este contexto, el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad costarricense y la sección nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), entre otras redes y grupos, están trabajando en una campaña contra las fumigaciones en el país, a la que denominan “Paren de fumigar”. Aseguran que Costa Rica es el Estado que presenta el mayor uso de agrotóxicos en la región y que investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas dan cuenta de que en el país aumenta significativamente la utilización de esos productos sin que crezca el área agrícola.
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Los cables diplomáticos revelados por el sitio de investigación Wikileaks indican que el gobierno de Estados Unidos habría trabajado en conjunto con el de España para impulsar el cultivo de los organismos genéticamente modificados (OGM) en Europa, buscando vencer así a las posturas contrarias, lideradas por Francia.
Los cables revelan también información sobre cómo se manejaba a la oposición a los transgénicos dentro de España, y a la injerencia de Estados Unidos en asuntos de política interna española para frenar las posturas adversas a estos cultivos y a las empresas del agronegocio.
La Unión Europea ha puesto trabas al cultivo de transgénicos y de hecho sólo se cultiva maíz modificado genéticamente en seis países (España, República Checa, Portugal, Rumania, Polonia y Eslovaquia), mientras que otros seis han aplicado la llamada "cláusula de salvaguarda", que les permite vetar estos cultivos por considerarlos "un riesgo para la salud humana o el medio ambiente". Estos países son Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo.
Asimismo, Francia indicó en su exposición de motivos que el maíz que fabrica la gigante del agronegocio de origen estadounidense Monsanto, el MON810, genera "posibles efectos tóxicos adversos a largo plazo sobre las lombrices, los isópodos, los nemátodos y las mariposas monarca", algo que la empresa consideró un efecto de las organizaciones ambientalistas sobre el gobierno francés, señalan los cables filtrados a la prensa.
Según estos cables, para Monsanto la posición se debe a un "acuerdo de facto entre el Gobierno de Francia y Greenpeace y Amigos de la Tierra por el cual el Ejecutivo francés apoyaría el movimiento libre de transgénicos si los activistas miraran para otro lado en las iniciativas nucleares de [el presidente Nicolás] Sarkozy".
A su vez, en un informe confidencial de la embajada estadounidense en Francia se indica que el gobierno de Estados Unidos consideró tomar represalias contra el gobierno francés y otros gobiernos europeos por su negativa a cultivar organismos genéticamente modificados.
Según informó el medio estadounidense Democracy Now!, en el cable filtrado el embajador Craig Roberts afirmaba: "En esta cuestión, Europa está retrocediendo, no avanzando, y Francia está desempeñando un papel principal, junto con Austria, Italia e incluso la Comisión”.
"Vemos el veto al cultivo como un primer paso, al menos por los anti-OGM, que después se moverán para prohibir las importaciones", agregaba el informe, según indicó el diario español El País.
Ante la revelación de estos cables y particularmente frente al papel que jugó el gobierno español en la promoción y defensa de los transgénicos, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU están exigiendo a la ministra española Rosa Aguilar que la política sobre OGM “deje de estar controlada por las multinacionales” y reclaman “una moratoria inmediata a su cultivo en España”.
Por ello han iniciado una ciberacción, que consiste en enviar una carta a la ministra, que puede ser completada en el sitio web de Greenpeace.
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A mediados de noviembre, el Vicepresidente de Ventas y Marketing de la compañía estadounidense Aqua Bounty, Henry Clifford, estará visitando el sur de Chile, para participar del primer taller sobre salmón genéticamente modificado. Allí hablará sobre la tecnología desarrollada por su empresa respecto al salmón, que ha creado un especimen genéticamente modificado que la compañía espera vender para consumo humano, aunque cuenta con importante rechazo de los grupos de consumidores y de las organizaciones ambientalistas.
Aqua Bounty desarrolló el salmón AquAdvantage, combinando un gen productor de hormona del crecimiento que proviene de la variedad de salmón Chinook, el cual es activado por el ADN de un tipo de anguila, y se lo transfiere a las ovas fertilizadas de salmones del Atlántico. Esto hace que los salmones alcancen su peso comercial en un máximo de 18 meses en vez de los 30 que necesita el salmón tradicional, por lo que los productores generan un importante ahorro de alimento.
Está previsto que Clifford hable además de los pasos que la empresa está dando para que se apruebe su salmón transgénico frente a la Agencia de Fármacos y Alimentación de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés). Varias organizaciones, entre ellas Amigos de la Tierra Estados Unidos, se han opuesto a esta iniciativa, llamando la atención sobre los efectos que podría traer para la salud humana el consumo de este salmón, y haciendo énfasis además en el potencial peligro que representa el que el pez genéticamente modificado pueda escapar de los criaderos y contaminar el material genético de los peces en estado salvaje.
Para ilustrar los peligros que representa el salmón, las organizaciones ambientalistas y de consumidores lo denominan “Frankenfish” ("Franken-pez", en español), tanto en alusión al personaje principal de la novela Frankenstein como al título de la película de 2004 que llevaba el mismo nombre, y que contaba la historia de un pez monstruoso que había sido modificado genéticamente.
Si bien desde la empresa se afirma que el consumo del salmón no representa ningún daño, aún no existen suficientes pruebas que demuestren su inocuidad. Además, la empresa tampoco está en condiciones de afirmar que no se afecte el ciclo natural de las especies de existir un accidente que libere peces modificados al medio.
En Chile, mientras tanto, el Centro Ecoceanos -una organización ciudadana con base en la capital del país- alertó que existe una gran cantidad de información respecto a la creación de este salmón que no es pública, ya que la FDA ha permitido a Aqua Bounty mantener muchos antecedentes sobre modificaciones genéticas como secreto industrial y comercial.
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En las proximidades de Montevideo, en el departamento uruguayo de Canelones, organizaciones sociales han planteado a las autoridades la creación de una zona de exclusión para cultivos transgénicos, abriendo un debate necesario.
El territorio de Canelones es uno de los más poblados del medio rural uruguayo, con un bajo promedio en cuanto al área ocupada por las explotaciones productoras de alimentos, en su mayoría de carácter familiar.
Articulado en torno a la cuenca del río Santa Lucía, que es la fuente de agua potable de la capital nacional y la zona más poblada de todo Uruguay, Canelones es un territorio de producción variada y cultura campesina.
De ahí que el “aterrizaje” de los cultivos transgénicos, en particular la soja resistente al herbicida glifosato, haya generado múltiples reacciones en las comunidades de pequeños campesinos y agricultores familiares.
Quizá el antecedente de esta preocupación más remoto en el tiempo se ubique en el año 2008, cuando una avioneta aplicó por aspersión glifosato sobre un campo y las zonas pobladas circundantes de la región de Totoral del Sauce, densamente poblada y de producciones intensivas, afectando a los niños de la escuela sobre la ruta 86 y a vecinos que se encontraban en tareas al aire libre.
El hecho fue denunciado a través de los medios de comunicación locales y ante las autoridades locales y nacionales, por lo que las aplicaciones se detuvieron. Sin embargo, en la primavera verano 2008-2009 comenzaron los preparativos para la implantación de unas 400 hectáreas de soja transgénica en las cercanías de la ciudad de Sauce, zona de Cuchilla de Rocha.
La comunidad -conformada por productores hortifrutícolas de pequeña escala- reaccionó, se informó sobre los efectos sobre el ambiente y los dueños de esos cultivares y muchos que habían arrendado sus campos retrocedieron.
La presión social fue mucha y finalmente la soja no se cultivó. Pero quedó claro que, de no mediar una reglamentación específica a nivel n acional o municipal, nada podía detener a una empresa local o extranjera de realizar esos cultivos.
Sin embargo, la preocupación trascendió Cuchilla de Rocha y se supo del nefasto efecto del cultivo de soja sobre las comunidades humanas, el suelo, la biodiversidad y el agua en otros puntos del territorio de Canelones.
Todo ello derivó en la conformación de una Comisión Especial Asesora con vecinos, ediles e integrantes de distintas direcciones de la Comuna (Alcaldía) Canaria que trabajara el tema y trazara criterios y recomendaciones a las autoridades comunales.
De ahí surgió la decisión de prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio de Canelones . Y así fue que la Comisión Asesora sugirió la necesidad de que se estableciera una zona de exclusión para cultivos genéticamente modificados a modo ejemplificador y piloto en la región sur de Canelones.
Tras casi dos años de consultas, la Comisión Asesora decidió elevar dicha recomendación, lo cual desató fuertes presiones sobre el gobierno del departamento desde distintos ámbitos directa o indirectamente vinculados al agronegocio.
La “preocupación” por la eventual zona de prohibición a cultivos OGM no tiene tanto que ver con que se pierdan grandes áreas para este cultivo, sino por el contrario porque la decisión comunal se transforme en un precedente a ser utilizado en otras zonas del país donde la expansión acelerada de este monocultivo ha generado problemas tanto más serios.
Hoy en día en Uruguay los monocultivos de soja transgénica y forestación ocupan en el entorno del millón de hectáreas cada uno, cambiando drásticamente el paisaje productivo, el uso de la tierra y en especial la disponibilidad de agua en algunas regiones del país que no se auto-abastecen en los períodos de verano.
Una “Zona de exclusión” a cultivos transgénicos no sería una excepción a nivel internacional: en varios países europeos, como sucede en los casos de España, Alemania y Francia por ejemplo, se han planteado zonas de exclusión ante el reclamo de las comunidades.
El accionar de los habitantes de Canelones preocupados por la sustentabilidad de su vida y la de sus familias en el campo ha tenido un primer efecto: instalar un debate desde el territorio sobre un tema central y escasamente abordado en la escena pública.
Un debate a abordar en clave de futuro.
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Las estadounidenses Monsanto y Dupont, la suiza Syngenta y la alemana Bayer pusieron a Honduras en la mira de sus negocios, y buscan socios locales para llevarlos adelante.
Las organizaciones campesinas alertan que estas corporaciones semilleras pretenden establecerse definitivamente en el país centroamericano, y se lamentan por una nueva consecuencia de la fragilidad institucional posterior al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
En paralelo a una conferencia empresarial significativamente bautizada como ““Biotecnología y Seguridad Alimentaria”, la Vía Campesina Honduras se movilizó por las calles de Tegucigalpa en defensa de la soberanía alimentaria y las semillas criollas, según informó La Voz de los Movimientos.
Los grupos hondureños aseguran que Croplife –así se llama el espacio que aglutina a las multinacionales- le miente a la población hondureña cuando afirma que los productos transgénicos son la llave para resolver el problema del hambre en el mundo.
“Lo que en realidad pretenden es acabar con la economía campesina, al despojar a campesinos y campesinas de las semillas nativas, recurso valioso para su libre producción alimentaria”, aseguran las organizaciones en un documento.
Esas semillas, según afirman, son “patrimonio de la humanidad”, porque han sido “domesticadas, conservadas y mejoradas” por los campesinos desde hace más de 10 mil años.
En medio de una cruzada de la derecha latinoamericana por legitimar al régimen de Porfirio Lobo Sosa- que este fin de semana fue reconocido por los gobiernos de Chile y México-, la Vía Campesina denunció esta “nueva ofensiva” de las corporaciones semilleras, que deliberadamente buscan la “bendición” de las autoridades nacionales para expandir sus negocios en la agricultura de Honduras.
Responsabilizan por esta situación a las secretarías de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Planificación, y saludan a las movilizaciones del pueblo haitiano, que ha rechazado las donaciones de semillas trasngénicas que efectuó la Monsanto después del terremoto del 12 de enero.
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