RALLT: Especial sobre Costa Rica
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Especial_sobre_Costa_Rica
BOLETÍN 544
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Este es un blog bilingüe fundado en mayo de 2004, dedicado a proveer perspectivas críticas sobre biotecnología y bioseguridad … This is a bilingual blog, founded in May 2004, dedicated to providing critical perspectives on biotechnology and biosafety. Contact: ruiz@tutanota.com.
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Diversas organizaciones ecologistas y sectores políticos costarricenses reclamaron al gobierno nacional que prohíba la siembra de piña transgénica en el país. Alertaron que ni siquiera se han podido controlar las plantaciones de piña convencional.
Varios diputados de los opositores Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio, e integrantes del Bloque Verde, red de organizaciones ecologistas de Costa Rica, realizaron el 17 de febrero una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para pedir que se conteste negativamente a la solicitud de la empresa L.M. Veintiuno para la siembra comercial de piña transgénica. La compañía pretende plantar de 80 a 200 hectáreas de ese cultivo en el sur del país.
El ambientalista Fabián Pacheco, de la Asociación de Ecología Social, dijo en la rueda de prensa que “sembrar de 80 a 200 hectáreas de una piña genéticamente modificada, que no ha sido estudiada sobre sus impactos en la salud, es poner en riesgo la bioseguridad nacional”.
Como muestra un reporte televisivo de la Unidad de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Pacheco agregó en la conferencia que “el departamento de Biotecnología del Estado, el Servicio Fitosanitario, ha mostrado una absoluta incapacidad para velar por la bioseguridad de Costa Rica”.
En una línea similar se manifestó la representante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, Erlinda Quesada. “Si nuestras autoridades no han sido capaces de mitigar o de transformar todos los problemas ambientales y sociales que se han generado con la piña convencional, ¿cómo nos van a garantizar en este momento de que va a ser diferente con la piña transgénica?”. “Para nosotros eso es casi imposible”, acotó.
Las organizaciones ecologistas del Bloque Verde manifestaron en comunicado de prensa que el departamento de Biotecnología del Estado está “abandonado”, con tres funcionarios “encargados de velar por la bioseguridad de áreas de siembra que superan las 800 hectáreas (período 2009-2010) de soja y algodón transgénico”. Hubo años donde las áreas de siembra superaron las 1700 hectáreas.
El Bloque Verde y los diputados del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio piden que se aplique el “Principio Precautorio” para evitar el cultivo de un transgénico del que no se conocen los impactos reales sobre la salud y el medio ambiente. El Bloque Verde expresa en su comunicado que es “inaceptable” la liberación de la piña transgénica sin estudios objetivos que garanticen la total inocuidad del cultivo. Ambientalistas y parlamentarios firmaron un pronunciamiento con estos lineamientos que entregarán a varias dependencias de gobierno.
“Otorgar estos permisos sería un suicidio ecológico para Costa Rica, sería algo desastroso”, dijo en la conferencia de prensa el diputado José María Villalta, del Frente Amplio. “No hemos tenido capacidad ni siquiera de fiscalizar el cultivo convencional de la piña, siguen proliferando los problemas de contaminación de las fuentes de agua, de erosión, de destrucción de zonas boscosas, son daños que las autoridades no han podido controlar a pesar de que son cultivos convencionales”, agregó.
Villalta destacó también que “ni siquiera en Europa, con su capacidad científica, tecnológica y económica han podido hacer estudios concluyentes sobre el impacto que la piña transgénica va a tener en la vida, la salud, el ambiente y la economía”.
En este contexto, el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad costarricense y la sección nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), entre otras redes y grupos, están trabajando en una campaña contra las fumigaciones en el país, a la que denominan “Paren de fumigar”. Aseguran que Costa Rica es el Estado que presenta el mayor uso de agrotóxicos en la región y que investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas dan cuenta de que en el país aumenta significativamente la utilización de esos productos sin que crezca el área agrícola.
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ALERTA TRANSGÉNICA
SOLICITAN SIEMBRA COMERCIAL DE PIÑA TRANSGÉNICA EN COSTA RICA
La empresa L.M. Veintiuno S.A. solicitó al Programa Nacional de Biotecnología y a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la siembra entre 8 y 10 líneas de variedades de piña genéticamente alterada (transgénica) para un área de 10 a 20 hectáreas para cada línea.
En total se estarían sembrando entre 80 y 200 hectáreas de piña transgénica en los terrenos de la Corporación Agrícola Del Monte-Pindeco, en la zona sur de Costa Rica. De permitirse esta solicitud se estarían haciendo las primeras siembras comerciales de una fruta transgénica en Costa Rica, la cual eventualmente contaminaría la cadena alimentaria costarricense.
El Ing. Agr. Fabián Pacheco, representante de la Federación Ecologista (Fecon) y Miembro de la CTNBio indicó que: “Permitir la siembra comercial de piña transgénica en Costa Rica es un acto de absoluta irresponsabilidad, puesto que hasta el momento no se han realizado estudios clínicos para determinar efectos negativos en la salud de quiénes consuman estas variedades de piña genéticamente alteradas, recién salidas de los laboratorios”.
A la empresa L.M. Veintiuno S.A. se le ha autorizado realizar experimentos con piña transgénica en Costa Rica desde el 2005, pero únicamente en áreas pequeñas confinadas y no con fines de producción comerciales a gran escala como lo pretenden hacer ahora.
Es muy posible que estas sean las primeras siembras comerciales de piña transgénica en áreas tropicales del mundo. “Antes de liberar estos productos transgénicos en la cadena alimentaria debe comprobarse la inocuidad de dichos productos sobre la salud humana. De lo contrario se estaría burlando, entre otros, el Principio Precautorio[1], consagrado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992”, indicó el Doctor Jaime García, Coordinador del Centro de Educación Ambiental (CEA) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Profesor Catedrático de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
De igual manera el Dr. García hizo ver que: “El permitir este tipo de siembras comerciales con cultivos transgénicos en nuestro país es contraproducente y contradictorio con la visión a nivel internacional que tiene Costa Rica de ser un País Verde y Amigable con el Ambiente. En este sentido, los primeros afectados por una situación de este tipo serían los productores de piña para la exportación, dado que –especialmente en los países europeos- los consumidores están mejor informados que nosotros sobre las incertidumbres que existen con relación a los posibles riesgos a la salud que tienen este tipo de alimentos, y por eso los rechazan mayoritariamente. En este sentido, si se llega a conocer a nivel internacional que hay siembras comerciales de piña transgénica en Costa Rica, estos consumidores dejarán de comprar piña costarricense por desconfianza, sea esta transgénica o no”. Vale indicar que varios supermercados europeos ya han cuestionado la alta utilización de agrotóxicos en la piña costarricense, por lo que la piña transgénica haría todavía más frágil ese mercado.
Desde el sector Ecologista exigimos, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Agricultura, implementar el Principio Precautorio antes de que la cadena alimentaria sea convertida en un experimento a cielo abierto por intereses corporativos privados. La lucha contra los organismos genéticamente alterados (transgénicos) es una lucha por el bienestar público y ambiental, y en contra del beneficio privado a ultranza.
Los transgénicos son organismos artificiales creados en laboratorios. La naturaleza jamás los hubiera creado y conllevan riesgos sobre la salud de la gente y el ambiente, tal y como lo han confirmado diversos estudios de científicos independientes y organizaciones ligadas a esta temática, entre ellos la misma Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido se recomienda leer el artículo “Alimentos transgénicos: incertidumbres y riesgos basados en evidencias” (http://www.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/tlc/doc-academicos/2006Herbertetal-Alimentostransgenicos.pdf)
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones civiles a pronunciarse y presionar sobre las autoridades competentes para evitar la siembra comercial de la piña transgénica en nuestro suelo. Para ello se recomienda enviar facsímiles o correos electrónicos a las ministras del Ministerio de Salud (Ministra María Luisa Ávila Fax: 2255 25 94, correo avilaaguero@gmail.com) y del Ministerio de Agricultura (Fax: 22 96 6720) exigiendo que no se autorice la siembra comercial de piña transgénica en Costa Rica hasta tanto no se hayan evacuado satisfactoriamente todas las incertidumbres que están aún pendientes con respecto al tema de los organismos genéticamente alterados.
Firman:
Federación Costarricense para la Conservación Ambiental (FECON)
Red por una América Latina Libre de Transgénicos
Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad
Asociación de Ecología Social
Cooperativa Sol Verde
Red de Coordinación en Biodiversidad
UNOVIDA
Asociación Preservacioncita de Flora y Fauna (APREFLOFAS)
Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica.
Frente Ecológico Cultural de Paraíso de Cartago.
[1] "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".
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Autora: Ute Sprenger.
Editores: Red Gen-ética (GeN), Servicio del Desarrollo de la Iglesia Luterana (EED), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, Costa Rica (RAP-AL)
Berlín/Alemania, San José, Costa Rica.
44 pág.
Noviembre 2008.
"En las regiones rurales de Costa Rica se desarrolló una industria de multiplicación de semillas transgénicas. Ya en 1991 se sembró por primera vez semillas de soya transgénica. Era la misma soya con resistencia a la sustancia herbicida de amplio espectro glifosato, que la empresa estadounidense Monsanto, introdujo luego a la siembra experimental en los Estados Unidos y pocos años después llevó al mercado bajo la marca Roundup Ready. Este “turismo de liberación“, es decir, el traslado de labores transgénicas riesgosas, se practica hasta el día de hoy en Costa Rica".
"Las empresas se especializaban en soya y algodón transgénicos, y durante algunos años se liberó también maíz modificado genéticamente. Entre 1991 y 2005, participaron en el negocio con la semilla de tecnología genética, un gran número de propietarios de variedades protegidas, entre ellos se encuentran compañías como Monsanto, Delta & Pine Land, Syngenta, Aventis, Bayer Internacional, así como la Universidades de Estados Unidos y Europa. Las compañías e institutos agrobiotecnológicos realizan los cultivos allí sin las evaluaciones de riesgo correspondientes y sin controles adecuados, en condiciones que en sus países de origen no serían posibles.
El estudio pretende dar una primera idea sobre los requerimientos para la siembra de este tipo de cultivos en Costa Rica; un país que posee la imagen de un paraíso ecológico y de una democracia estable.
Los editores esperan dirigir la atención hacia aquellos países y regiones, en los cuales el sector agrobiotecnológico aprovecha las dependencias políticas, una estructura estatal débil, así como la falta de debate de la sociedad civil. Bajo estas condiciones, prácticamente excluyendo a la población y sin mayores controles, el mencionado sector reproduce con fines comerciales los cuestionados cultivos transgénicos resistentes a herbicidas e insectos.
Más información:
RAP- AL, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina
Fernando Ramírez (IRET-UNA). Campus Omar Dengo. Apdo 86-3000 Heredia, Costa Rica.
Tel (506) 2277-3584
Correo: framirez@una.ac.cr
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Contacto:
RAP- AL Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
Fernando Ramírez (IRET-UNA). Campus Omar Dengo. Apdo 86-3000 Heredia, Costa Rica.
Tel (506) 2277-3584
framirez@una.ac.cr
www.rap-al.org
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Los primeros días fueron de atontamiento o de aturdimiento. Después de la movilización ciudadana que se había ido incrementando a lo largo y ancho del país, no podíamos creer que hubiéramos perdido. Seis días antes del referendo las encuestas, aún de las agencias sesgadas hacia el Si, tuvieron que reconocer que el No estaba siendo favorecido con seis puntos de ventaja. A pesar de eso, algunos y algunas presagiamos la derrota tres días antes del referendo.
Resulta de que había demasiados intereses en juego que no iban a permitir que se concretara nuestro triunfo. No lo permitiría ni el embajador de Estados Unidos que se había mostrado totalmente beligerante en forma pública a favor del TLC. Tampoco lo iban a permitir las cámaras de empresarios nacionales y la cámara "americana" ni los medios de comunicación impresa ni televisiva, incluyendo la cadena internacional de CNN. Menos aún iba a permitir el triunfo del No el presidente de la república que cuando candidato no tuvo empacho en decir que iba a gobernar con "tiranía en la democracia", cosa que así ha hecho manteniendo control sobre otros poderes: la asamblea legislativa en donde domina con apretados 38 votos, pero suficientes para ser mayoría; la sala constitucional que está bajo sus órdenes desde el momento en que hace tres o cuatro años "interpretó" la constitución para permitir la reelección presidencial y así favorecer la candidatura del actual presidente; y el tribunal supremo de elecciones.
Con este férreo blindaje no hubo forma de lograr que se frenara la descarada propaganda de pánico que siguió circulando a pesar de estar ya en el triduo de "amnistía" en que los contendientes deben parar sus respectivas manifestaciones. Consultado el Tribunal sobre esta situación, manifestó que eso eran "noticias" y no propaganda. Esas "noticias" siguieron insistiendo en prensa, radio y televisión así como en el interior de las mismas fábricas, que éstas se iban a cerrar, que la gente perdería empleos y que no habría manera de contar con un nuevo y más benigno tratado con los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial.
Es entonces fácil de entender ese aturdimiento y desazón que llenó al movimiento popular una vez conocidos los resultados. Los escépticos habíamos sido sólo algunos o algunas. A pesar de la no observancia del triduo de "aministía", la esperanza estaba cifrada en ganar.
Al perder, y como siempre pasa, empezaron a salir chivos expiatorios y a no saber para donde dirigir los esfuerzos. Muchos de los 300 comités patrióticos se disolvieron. Otros continúan trabajando bastante bien y la diferencia la ha hecho, desde mi punto de vista, el entender que de aquí en adelante la "horizontalidad" con la que trabajamos en forma reactiva en contra del TLC, tiene que dar paso a una situación de una mínima organización, en la que incluso se dé algo de verticalidad, de reflexión sobre qué sociedad queremos y tácticamente por donde seguir las acciones y cómo articular los distintos comités. Durante el proceso la característica del movimiento fue de no querer líderes y sólo una mínima coordinación entre comités. Entonces, en la riqueza estaba también la debilidad. Recientemente, alguien dijo con sabiduría: "tanta horizontalidad nos dejó pasmados en la cama".
Contanos brevemente cuál ha sido la historia de la lucha en defensa de la Biodiversidad durante las últimas décadas en Costa Rica.
Creo que la presencia de un instituto de biodiversidad en el país que logró un contrato con una empresa multinacional farmacéutica en 1993, incluso un poco antes de que se firmara el Convenio de Diversidad Biológica, creó en muchos y muchas costarricenses el deseo de no quedarnos sólo con la información periodística, sino empezar a cuestionarnos la naturaleza de ese instituto, cómo era que siendo un instituto privado disponía tan fácilmente de la biodiversidad contenida en los parques nacionales, por qué era que los términos del famoso contrato eran privados si se estaban vendiendo bienes públicos, etc. etc.
Poco a poco nos fuimos aglutinando pequeños grupos de personas y organizaciones ecologistas, académicas, campesinas e indígenas interesados en conocer los marcos internacionales que empezaban a imponernos el camino a seguir en nuestros países no sólo en el campo de la biodiversidad estrictamente, sino también en el campo de los tratados de libre comercio. Así, nos fuimos ganando a pulso el contar con varios asientos para participar directamente de la elaboración de la ley de biodiversidad. Teníamos la certeza de que era un tema no sólo reservado para técnicos y científicos sino del absoluto interés de todos y todas las costarricenses. De esta manera la ley de biodiversidad, que como decía anteriormente, tiene muchas inconsistencias y debilidades no sólo porque fue pionera en el mundo sino porque fue el resultado del trabajo de consenso de una comisión mixta especial legislativa integrada por representantes de partidos políticos, ecologistas, campesinos, indígenas, ecologistas, federación de cámaras empresariales y académicos y académicas, constituyó un hito en la elaboración participativa de una ley que de alguna forma ha puesto en jaque a quienes quisieron haber tenido normas más condescendientes con las leyes comerciales y con la ideología "vender para salvar".
Esta primera experiencia, de la que precisamente salió la Red de Coordinación en Biodiversidad, nos impulsó a seguir con una lucha también muy relacionada con la biodiversidad agrícola como fue la resistencia en contra de la aprobación del Convenio UPOV y la respectiva ley nacional. En 1999 sólo estábamos al tanto de lo que este convenio significaba unas cuantas personas (no más de diez), entre ellas un expresidente de la república, don Rodrigo Carazo, dispuesto a darnos el espaldarazo político a quienes no contábamos con ninguna fuerza en ese sentido y sólo teníamos algo de conocimiento sobre los alcances de su contenido sobre los campesinos y la biodiversidad. Junto a otros pudimos desarrollar los argumentos con los que pudimos no sólo frenar en dos oportunidades la aprobación de UPOV, sino también hacer una propuesta alternativa, la ley de protección de los derechos de los fitomejoradores, que fue formalmente introducida en la corriente legislativa en el 2003 pero frenada por la ya para entonces posible obligación de aprobar UPOV impuesta por el TLC.
Además la presencia de la red ha estado también en temas de bioseguridad y en defender aquellos artículos más importantes de la ley de biodiversidad.
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Los campesinos ya no sólo se deberán preocupar por las condiciones del tiempo: que llueva o no llueva suficiente para una buena cosecha; o que no caigan plagas; o que estén buenos los precios o para sus productos; o que les otorguen créditos fáciles, etc. Ahora deberán añadir una preocupación más…. y bien grande. Antes de sembrar, guardar, intercambiar con otros agricultores y mejorar sus semillas deberán preguntarse seriamente: ¿es mi semilla ilegal?. ¿No estaré cometiendo un delito?
Esto es porque en nuestro país se acaba de aprobar una ley que se llama "Ley de Obtenciones Vegetales". Seguramente pronto se aprobará el Convenio UPOV, que es como el padre de esa ley, y ambas parte de las obligaciones del TLC. De hoy en adelante, si los agricultores compran una semilla aprisionada por esas leyes, de su cosecha no podrán guardar una parte para el siguiente año, ni tampoco podrán intercambiarla con otros agricultores ni mejorarla. Si no quieren tener castigos, que pueden llegar hasta la destrucción de la cosecha, cada año tienen que volver a comprar semilla, si es de ese tipo. Sólo se les autoriza a usarla nuevamente y sin pagar, si se planta para fines no comerciales. Para la alimentación de la familia, por ejemplo.
Silvia Rodríguez Cervantes
Red de Coordinación en Biodiversidad
31 de marzo de 2008
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