Eduardo Blaustein
Mientras científicos y organizaciones ambientales alertan sobre los riesgos de la sojización, ya hay cuatro fallos judiciales que ordenan el cese de las fumigaciones con glifosato. El debate comienza a vencer al silencio.
Para cuando dentro de unos años esta historia llegue a los cines y pelee por el Oscar, no habrá modo de resarcir víctimas ni estragos ni retroceder en el tiempo: será previsiblemente tarde. Aunque ya son varios los fallos de la Justicia que sumaron alertas por los riesgos que conlleva para la salud humana y el medio ambiente el uso de herbicidas –particularmente el glifosato, en plantaciones no sólo de soja–, el grueso de la política mira para otro lado, enredada con presiones económicas, ingresos fiscales y algunos funcionarios con intereses en la industria sojera. La publicación, semanas atrás, en una revista científica de la investigación en la que el embriólogo Andrés Carrasco advierte acerca del glifosato es apenas una entre muchas que van en la misma dirección. Pero el paisaje que emerge en primer plano es el que muestra que hoy en Argentina existen cerca de 20 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, más de la mitad de nuestra tierra cultivada, abundantemente regadas con alrededor de 200 millones de litros de glifosato.
Además de las agresiones que recibió en algunas de sus charlas en el interior por parte de sectores rurales (la última en La Leonesa, Chaco), una de las respuestas más reiteradas sobre la investigación de Carrasco es que no termina de constituir una “evidencia científica”, aún cuando acaba de publicarse en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology. El argumento –“no hay evidencia definitiva”– recuerda tanto el viejo discurso de las tabacaleras estadounidenses como el de los sucesivos gobiernos de los Bush cuando se denunciaban las amenazas contra el medio ambiente global.
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Andrés Carrasco, en Argentina, se convirtió en blanco de las embestidas sojeras. Pero se sabe que en América latina y en el mundo hace años que científicos y organizaciones sociales vienen alertando sobre los riesgos del empleo del glifosato y otros herbicidas. El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas, recuerda que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ubica algunas formulaciones del agrotóxico en la categoría I de toxicidad (“Peligro”) o en la II (“Advertencia”). Cuando se trata de viejos casos en que la EPA de algún modo avaló el uso de glifosatos, el investigador Jorge Kaczewer, de la UBA, advierte que esas recomendaciones fueron resultado de prácticas fraudulentas. Los estudios habían sido conducidos “por uno de los más importantes laboratorios norteamericanos involucrados en la determinación toxicológica de pesticidas”. “La EPA acusó públicamente a Industrial Biotest Laboratories (IBT), laboratorio que condujo 30 estudios sobre glifosato y fórmulas comerciales en base a glifosato.” Lo que hizo la gente del IBT fue falsear datos, omitir otros, ocultar aquellos que hablaban de las muertes de las ratas y cobayos usados en la experimentación. Como suele suceder en estos casos en los que median las presiones corporativas, la denuncia se conoció siete años después de que se hicieran las auditorías.
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Argentina tiene 20 millones de hectáreas sembradas de soja transgénica, tratada con millones de litros de glifosato. (BLOOMBERG)
Otro ingeniero agrónomo, Adolfo Boy, integrante del Grupo de Reflexión Rural, advierte que uno de los engaños acerca del uso del glifosato es el que afirma que se trata de una sustancia inocua. El problema de su empleo concreto, explica, es que para su fumigación al glifosato “se le agregan adherentes para que sea más eficiente en la absorción de la planta”. “Las fórmulas conteniendo glifosato –agrega Kaczewer– producen mayor toxicidad aguda que el glifosato solo. La cantidad de Round-Up (el glifosato combinado con otras sustancias que produce Monsanto) requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de glifosato puro.”
Rutas argentinas. Hace tiempo, el Grupo de Reflexión Rural se tomó el trabajo de recoger información sobre los impactos del glifosato en diversas poblaciones argentinas: entre otros lugares, del barrio Ituzaingó, en Córdoba, a Las Petacas, en Santa Fe, y de San Lorenzo, también en Santa Fe, a Los Toldos, en Buenos Aires. En cada una de esas poblaciones se detectaron situaciones dramáticas. Y fue precisamente en el barrio Ituzaingó donde también la Justicia debió intervenir. Allí se produjeron doscientos casos de cáncer para una población de apenas 5.000 habitantes, además de malformaciones entre los recién nacidos (en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas a herbicidas durante el embarazo confirmó 52 casos de malformaciones). Ituzaingó es una población rodeada de campos de soja sistemáticamente fumigados. El rocío de esas fumigaciones llegaba hasta la puerta de las casas. Fue a fines de 2008 cuando la Justicia cordobesa prohibió tanto las fumigaciones con glifosato como las de otro agrotóxico, el endosulfán.
Si se trata de mencionar antecedentes sobre lo dicho por la ciencia, Souza Casadinho recuerda el trabajo del equipo encabezado por el bioquímico Gilles-Eric Seralini, de la Universidad de Caen, quien “descubrió que las células de placenta humana son muy sensibles al Round-Up. El estudio demostró que esta formulación mata una gran proporción de esas células después de 18 horas de exposición a concentraciones menores que en el uso agrícola (…) Esto podría explicar la gran incidencia de partos prematuros y abortos espontáneos en mujeres agricultoras de Estados Unidos que usan el herbicida”. También en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Roscoff, en la Bretaña francesa, se demostró que el Round-Up “actúa sobre una de las fases clave de la división celular, lo cual podría provocar cáncer a largo plazo”. A una conclusión similar, en este caso sobre la relación entre glifosato y linfoma no Hodgkin, llegó un equipo de oncólogos suecos. El estudio fue publicado en el Journal of American Cancer Society.
El Colectivo desde el Pie es una agrupación de universitarios, egresados, becarios e investigadores con origen en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que suele organizar sus propios talleres y estudios sobre temas ambientales. En un documento titulado El modelo agropecuario actual y la biotecnología, ese colectivo, muy crítico de ciertas alianzasproductivistas entre las universidades públicas y el sector privado, repasa la vertiginosa historia iniciada desde que en 1996 se aprobó el primer evento transgénico en la Argentina. Sólo hasta el 2009, “la evolución de la superficie de cultivos genéticamente modificados creció tanto que hoy Argentina es el segundo productor” de ese tipo de cultivos detrás de EE.UU., con 17 millones de hectáreas cultivadas que ya pasaron a cerca de 20 millones. Sólo en términos del incremento del proceso de sojización, entre la campañas 1997/98 y la de 2004/05 el aumento de superficie sembrada para el NEA fue de 417 por ciento, de 220 para el NOA y de 85 para la pampa húmeda. “La principal consecuencia en las regiones del norte de Argentina –dice el documento– fue la deforestación de bosques nativos, mientras que en la pampa húmeda se produjo el desplazamiento de la ganadería”.
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los riesgos económicos de la tendencia al monocultivo están ampliamente demostrados en la historia del caucho en Brasil, la del quebracho y el tanino en el norte argentino, la caña de azúcar de Tucumán a Cuba. La sojización genera un sistema económico concentrador de una impresionante eficacia para pocos y conlleva también el riesgo del empobrecimiento sistemático de nuestros suelos. A estas cosas refiere el Colectivo desde el Pie cuando afirma que si “se prohibiera la utilización de glifosato y soja transgénica, no creemos que se acabaría la problemática. Los problemas de los cultivos transgénicos son similares a los que pueden traer los monocultivos sin ser transgénicos y los mismos que observamos en el caso de la megaminería. En todos estos casos se utiliza a la innovación científico-tecnológica para la explotación de recursos naturales sin otro objetivo que la maximización de ganancias”. Que lo digan si no los 300 mil chaqueños, sobre una población de 1.200.000, expulsados a la pobreza de los cinturones urbanos como efecto de la expansión sojera.
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En los últimos años, en Paraguay, cerca de cien mil personas se vieron obligadas a emigrar cada año hacia las periferias marginales de las ciudades de su propio país o de las naciones vecinas. Es la primera vez en la historia paraguaya que la mayoría de sus habitantes vive en ciudades. Si en 1989 el 67% de las personas vivía en el campo, hacia 2006 el porcentaje de población rural descendió a aproximadamente el 47%. La situación espeja una realidad argentina: 300 mil personas, un tercio de la población chaqueña, debieron emigrar a las ciudades.
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En un artículo titulado Agricultura empresarial y globalizaciones. Los efectos de la soja transgénica en el Paraguay, Mariana Fassi, licenciada en Ciencia Política, resume la experiencia del país vecino que no es meramente económica y espeja a la perfección lo que sucede en nuestro país. El artículo apareció publicado en la página Web Herramienta, dedicada al debate y la crítica marxista y explica a los no iniciados de qué modo el sistema sojero implica la dependencia de un paquete tecnológico impuesto por las transnacionales. Lo que sigue es un extracto del artículo.
“De esta manera, los productores pasan a depender crecientemente de los proveedores de semillas, que además les venden y financian los insumos y proporcionan el asesoramiento necesario. Éstos por lo general también les adquieren la producción y se encargan de la distribución y comercialización de los cultivos y productos derivados, tanto en el mercado interno como en el exterior. En este proceso de integración vertical y horizontal, los productores agropecuarios se convierten en meros eslabones de la cadena de producción agroindustrial: pierden poder para decidir lo que producen, las técnicas desarrolladas y los insumos utilizados, a la vez que pierden autonomía de gestión y capacidad para negociar precios, créditos y otras condiciones de oferta para su producción. No obstante la pérdida de autonomía, para los productores que pueden adaptarse al nuevo modelo, la soja es garantía de crecientes ganancias. Pero la necesidad de poseer recursos económicos para adquirir insumos y solventar la maquinaria necesaria hace que la soja se vuelva rentable únicamente a grandes escalas, lo que genera un proceso de reconfiguración territorial donde pequeños y medianos agricultores van desapareciendo y sólo grandes productores capitalizados o grupos anónimos de inversores son los actores económicos con capacidad de afianzarse en el sistema agroindustrial globalizado.
La integración al mercado global a través de la soja RR es equivalente por lo tanto a una agricultura sin agricultores. En este sentido, en lo que respecta al agro, sería apropiado referirnos a un “localismo globalizado” y un “globalismo localizado”, dos modos de producción de la globalización neoliberal. El “localismo globalizado” es el proceso por medio del cual un fenómeno local se globaliza exitosamente; se expresa, por ejemplo, a través de la expansión de complejos agroindustriales transnacionales que consideran al mundo en su globalidad como fuente de sus insumos y materias primas, espacio para sus inversiones y mercado para sus productos. El “globalismo localizado” consiste en el impacto específico de las prácticas e imperativos transnacionales sobre las condiciones locales que, por tanto, son desestructuradas y reestructuradas para responder a los imperativos globales. La deforestación y conversión territorial en miles de hectáreas sembradas con soja RR son ejemplos de este otro tipo.”
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