México: cerdos, maíz y resistencia

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

En Chichicuautla, muy cerca de las porquerías de Granjas Carroll –incubadores de la influenza porcina–, la gente resiste. Resisten la contaminación brutal de tierras, aguas, aire y las enfermedades que les provoca esta carnívora transnacional, propiedad de Smithfield, la empresa porcícola más grande del globo.

Resisten también la represión que contra ellos ejercen los gobiernos estatales en acuerdo con las empresas.

Allí, junto a otras comunidades del Valle de Perote con las que comparten esta lucha, recibieron a principios de noviembre a más de mil delegados y delegadas de la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Como tanta veces en el México de abajo, todos colaboraron con lo que podían, ofreciendo comida y abrigo a los que llegaron de todo el país a compartir sus peleas y experiencias. La Asamblea es un crisol de luchas locales y de base contra la devastación ambiental y social que cunde en el país, en campos y ciudades. Convergen aquí pueblos, comunidades y organizaciones que resisten los impactos y el avance de proyectos mineros, represas hidroeléctricas, contaminación petrolera, grandes basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares; el despojo, sobrexplotación y contaminación de ríos, manantiales y acuíferos; contaminación transgénica del maíz campesino, avance de proyectos “ecoturísticos” que limitan o destruyen formas de vida campesinas e indígenas; la urbanización salvaje y sus impactos. Como explicó Andrés Barreda, todo agravado por 15 años de TLCAN, donde el gobierno ofreció como “ventaja comparativa” de México para las trasnacionales, la libertad de destruir el medio ambiente, dar empleos sucios y mal pagados, y excepciones impositivas.

La quinta ANAA, además de compartir las distintas luchas de sus miembros y trazar estrategias comunes, aprobó tres pronunciamientos específicos: uno en solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra la privatización y el autoritarismo del gobierno que deja más de 40 mil familias en la calle; otro en apoyo a las comunidades del Valle de Perote, en su justa lucha contra la contaminación de Granjas Carroll y por el “total retiro de cargos y absolución para José Luis Martínez, Margarita Hernández, Bertha Crisóstomo, María Verónica Hernández y Guadalupe Serrano, ciudadanos de La Gloria, defensores de los recursos naturales, quienes siendo inocentes sufren el hostigamiento y persecución judicial promovido en su contra por Granjas Carroll”; y un tercero contra las siembras de maíz transgénico aprobadas por el gobierno en octubre, por ser “un crimen ambiental, cultural y contra la soberanía alimentaria”. Llaman “a todas las organizaciones, pueblos y comunidades a resistir y rechazar la entrega de nuestro maíz nativo a las trasnacionales y a no plantar ni consumir maíz que no sea campesino”.

No es casualidad que la ANAA se pronunciara especialmente contra el maíz transgénico en esta ocasión: las instalaciones de cría industrial de animales como Granjas Carroll están entre los más beneficiados y confabulados con la introducción del maíz transgénico.

Un argumento que esgrimen los promotores de maíz transgénico en México es que el país “necesita” importar maíz porque la producción no alcanza para el consumo interno, y ya que el importado es transgénico, entonces es “mejor” producirlo aquí, porque además –afirman falsamente– tiene mayores rendimientos.

Pero la realidad es que México produce todo el maíz que necesita para consumo humano. El maíz que se importa va para procesamiento industrial y para alimento de animales confinados en grandes instalaciones: cerdos, aves y ganado, que en creciente porcentaje están en manos de trasnacionales y empresas gigantes como Smithfield, Tyson, Cargill, Pilgrim’s Pride, Bachoco. Según datos (muy modestos) de Sagarpa, en la última década siete trasnacionales pasaron a controlar 35 por ciento de la industria porcícola en México. Mucho más altos grados de concentración aquejan todos los rubros pecuarios. Son esas grandes fábricas de carne las que crean alta demanda de maíz industrial –dando piensos con maíz incluso a animales que antes no lo consumían o no en tal cantidad.

Ese proceso de avance de empresas gigantes en el rubro, significó también que muchos criadores pequeños y hasta medianos fueran a la quiebra –lo cual aún continúa. No pueden competir con la oferta masiva –de mucho peor calidad– ni con los subsidios y excepciones impositivas que reciben estas grandes industrias. Si la producción avícola, porcícola y de ganado no estuviera tan centralizada, los forrajes y piensos serían, como lo eran antes, más diversos y mucho más basados en producción local (que también se puede aumentar, sin transgénicos), generando trabajo y alimento a muchas más familias, evitando también la importación de maíz transgénico y los riesgos que conlleva.

No existirían tampoco la devastadora contaminación ambiental y la generación de epidemias que crean estas grandes industrias –debidas al confinamiento y la absurda cantidad de animales hacinados (Granjas Carroll procesa alrededor de un millón de cerdos al año), a los millones de toneladas de excrementos que se desechan sin procesar en suelos y aguas, que también contienen hormonas, antibióticos y plaguicidas administrados a los pobres animales para que sobrevivan en condiciones terribles.

Construir el mapa de la devastación ambiental, revelar sus conexiones y sus causas –como en este caso– es una herramienta importante para enfrentarla. Por allí, desde abajo, va tejiendo camino la ANAA.

Fuente: La Jornada