La semilla

LA SEMILLA, PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS

Por Colectivo Bioptimistas

La guerra por el poder económico del mundo toma cada vez formas más sutiles. Cuando la multinacional Monsanto comenzó a adquirir patentes sobre semillas modificadas genéticamente, pocos previeron hasta dónde podría llegar con sus planes.

Una guerra solapada a cargo de multinacionales está exterminando la vida, medio ambiente y cultura de la población campesina e indígena del Paraguay: la soja transgénica

La guerra por el poder económico del mundo toma cada vez formas más sutiles.

Cuando la multinacional Monsanto comenzó a adquirir patentes sobre semillas modificadas genéticamente, pocos previeron hasta dónde podría llegar con sus planes. Paraguay es un ejemplo de las consecuencias que produjo este modelo, al igual que Argentina, y Uruguay no se está quedando atrás (ya tenemos 300 mil hectáreas de soja RR) (USDA 2005). El fin es controlar la industria alimentaria, o sea que no alcanza con poseer patentes sobre algunas semillas modificadas sino que hay que exterminar el resto. En México, cuna del maíz con miles de variedades, es difícil encontrar maíz no transgénico, pues la contaminación genética es enorme. Varias compañías agroalimentarias occidentales están comprando empresas semilleras en países subdesarrollados para vender semillas transgénicas y así controlar el mercado mundial de alimentos, eliminando las semillas tradicionales.

El cultivo de soja transgénica en Paraguay comenzó en año 1999. Entró en forma ilegal, traída de contrabando, con la complicidad de las autoridades. La superficie de cultivo fue aumentando hasta alcanzar las 1.600.000 hectáreas en el ciclo 2003/04, prácticamente dos millones de hectáreas al año siguiente. Los cultivos se extienden a lo largo de cientos de kilómetros y afectan zonas muy cercanas a comunidades, colonias y otros asentamientos campesinos e indígenas, incluyendo escuelas, hogares, chacras familiares y comunitarias.

Los cultivos y semillas tradicionales van desapareciendo gradualmente. Es una agricultura que utiliza semillas propiedad de multinacionales, maquinarias, implementos y agrotóxicos importados, casi no contrata mano de obra y cuando lo hace es extranjera, y las ganancias se depositan en bancos del extranjero. Lo único que le deja al país es el suelo erosionado y el agua envenenada.

La soja RR (Roundup Ready), propiedad de la multinacional Monsanto, fue diseñada genéticamente para resistir al herbicida Roundup, el cual se vende junto con la semilla por ser también creación de esta empresa. El objetivo que pretende cumplir este "invento" es que a la aplicación de este herbicida sólo sobreviva el cultivo modificado. Además de la soja existen otros cultivos RR, como maíz y eucalipto.

Los productos a base de glifosato también contienen otros compuestos que pueden ser tóxicos, aunque se los denomina engañosamente "inertes" y no se especifican en las etiquetas del producto. Por lo tanto las características toxicológicas de los productos de mercado son diferentes a las del glifosato solo. La formulación herbicida más utilizada (Roundup) contiene el surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y agua. El POEA tiene una toxicidad aguda de tres a cinco veces mayor que la del herbicida solo.

Dentro de este paquete vienen otros herbicidas como el endosulfán o la cipermetrina. También se ha aplicado Tordon (2,4,5-T), herbicida que fue utilizado en combinación con el 2,4 D para constituir el famoso "agente naranja" utilizado en la guerra de Vietnam. El 2,4,5-T se encuentra dentro de la lista de la llamada "docena sucia", que agrupa a doce agrotóxicos extremadamente peligrosos. Otro agrotóxico que se suele utilizar es el dodecacloro (mirex), utilizado para combatir la hormiga cortadora. El mirex es uno de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), sustancias químicas tóxicas, contaminantes, orgánicas, persistentes, bioacumulables, que pueden viajar a grandes distancias, y que por lo tanto tienen graves impactos sobre la salud humana y el ambiente. (Cárcamo, 2004)

En nuestra visita a Paraguay comprobamos que se estaba utilizando el 2,4 D en los campos de soja; los cultivos cada vez exigen agrotóxicos más poderosos debido a la adaptación de las malezas. Es decir que el cultivo de la soja RR ha aumentado sustancialmente el uso de agrotóxicos, que es exactamente lo opuesto al argumento utilizado por quienes promueven la tecnología de los cultivos transgénicos

Vivir en el campo para los paraguayos implica convivir con un veneno mortal que vuela con el aire, se deposita en la tierra, agua y alimentos. La extensión de los cultivos arrasó con la selva, los montes, las tierras de los campesinos e indígenas. Los campesinos son expulsados del campo, los que se quedan corren el riesgo constante de intoxicación a causa de los agrotóxicos que se utilizan. Ya han muerto muchas personas, incluidos niños, a consecuencia de las fumigaciones.

Los campesinos formaron coordinadoras por la defensa de las tierras. Han realizado acciones de bloqueo de siembras y fumigaciones y amenazado con ocupar tierras. La expulsión de la población del campo donde han vivido durante cientos de años provocó un crecimiento de la pobreza en las ciudades y un aumento de la emigración. Los cultivos de autoconsumo, mantenidos desde tiempos ancestrales, son destruidos o contaminados por el Roundup y otros agrotóxicos que se le van agregando a éste, al mismo tiempo que se destruye la vida de la fauna terrestre e ictícola. Los indígenas que tradicionalmente vivían del monte ya no tienen monte; los ríos y la tierra acumulan el veneno que no se degrada en pocos días como asegura la multinacional que los produce, el campo es un interminable "desierto verde" donde solo se planta soja transgénica y donde los agrotóxicos casi no dejan vida vegetal ni animal a su paso.

Desde que comenzó la producción de soja transgénica en Paraguay, se incrementó la dependencia de las exportaciones, así como la intervención de Monsanto en los monocultivos de soja. El precio de las tierras aumentó, hay una total falta de control del gobierno sobre los problemas que acarrea su producción y consumo. Continúan las transgresiones a la legislación ambiental y la inoperancia de la Comisión Nacional de Bioseguridad. El aparato de justicia se alía con los grandes propietarios para acallar las denuncias de los damnificados, como en el caso del niño Silvino Talavera, muerto a causa de las fumigaciones, o reprimir las acciones de protesta de campesinos e indígenas.

Ante la falta de soluciones, los afectados venden sus tierras y emigran hacia los cinturones de pobreza de los pueblos o grandes ciudades (se estima que unas 100 mil personas abandonaron sus tierras) o se organizan en coordinadoras departamentales por la defensa de la vida y el medio ambiente (aunque por el momento esto no ha dado resultado, debido a la corrupción e ineficacia del gobierno), o bien se organizan para ocupar tierras, quemar sojales, bloquear el ingreso de maquinarias y personal para fumigación. En estos casos, la brutal represión ha cobrado muchas vidas.

La organización y la movilización son muy complicadas para los campesinos debido a que las distancias son enormes y no hay dinero para el transporte, la alimentación y otras necesidades que se plantean en los viajes, sin mencionar que cuando los enfrentamientos dejan heridos, también deben procurarse los medicamentos, porque en los hospitales no hay prácticamente nada.