México: el país Monsanto

Silvia Ribeiro

La Sagarpa resume e ignora la posición de millones de indígenas y campesinos, creadores y custodios del maíz para beneficio de toda la humanidad, que junto a ambientalistas y la mayoría del pueblo mexicano se oponen sin ninguna "duda" ni "especulación" a la liberación del maíz transgénico

El 22 de octubre, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunció que había autorizado la experimentación en campo de siete eventos de maíz transgénico a cargo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en sus instalaciones en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Según el comunicado de la Sagarpa, esto se inscribe en el llamado Proyecto Maestro de Maíz, cuyos objetivos serían la investigación del "comportamiento" del maíz transgénico en México "para dar respuesta a las dudas y especulaciones que han expresado algunos sectores de la sociedad".

De esta manera absurda, la Sagarpa resume e ignora la posición de millones de indígenas y campesinos, creadores y custodios del maíz para beneficio de toda la humanidad, que junto a ambientalistas y la mayoría del pueblo mexicano se oponen sin ninguna "duda" ni "especulación" a la liberación del maíz transgénico. Ya existen datos concretos, inclusive del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde los transgénicos han estado en el ambiente durante años, que muestran que estos cultivos artificiales manipulados con virus y bacterias, patentados y propiedad de seis trasnacionales, han probado causar resistencia en malezas y plagas, ser más caros hasta para los productores industriales, ser menos productivos, usar más agrotóxicos y haber contaminado casi todas las semillas en ese país.

Sin aclarar que las variedades escogidas ya han sido "probadas", se dice que se trata de "una experiencia de investigadores mexicanos, con objetivos no comerciales sino de investigación".

El origen mismo del Proyecto Maestro del Maíz echa por tierra esa imagen, ya que fue concebido desde el principio por las propias multinacionales de los transgénicos, que necesitaban que investigadores públicos lo asumieran como propio para tratar de hacerlo digerible. A tales efectos, Luis Herrera Estrella, director del Cinvestav, Unidad Irapuato, citó en octubre de 2004 en la sede de esta institución a representantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, como Víctor Villalobos, y a algunos miembros del Consejo Consultivo Científico y del Subcomité Especializado en Agricultura de ésta, a un taller de dos días donde, ¡oh coincidencia!, también asistieron Monsanto y Dupont. Allí se acordaron los lineamientos del proyecto.

La intención real de las empresas es clara: se presenta como investigación pública, pero una vez terminado el periodo de experimentación en campo, podrán alegar que ya han cumplido la etapa experimental y solicitar directamente la liberación comercial. De hecho, esto último es lo que ya sucedió hace años con la experimentación del algodón transgénico, para la cual el INIFAP también usó sus instalaciones.

Atinadamente, Greenpeace México denunció que en realidad se trata de terminar de facto con la moratoria que desde 1999 existe contra la siembra de maíz transgénico en México, por ser centro de origen del cultivo, y hacerles un servicio a las multinacionales de transgénicos -Monsanto, Pioneer (parte de Dupont) y Dow-, ya que lo que se aprobó para experimentación fueron las variedades de maíz transgénico Mon 88017, Herculex y Yieldgard, propiedad de las empresas señaladas.

El proceso de decisión sobre estas liberaciones está plagado de irregularidades, pese a que todos los implicados alegan que se cumple con la ley Monsanto (legalmente llamada de Bioseguridad). Con base en estas irregularidades, Greenpeace México presentó un recurso de revisión, que aún no tiene respuesta.

Pero como bien indica su nombre popular, no sorprendería que la ley Monsanto fuera usada para justificar esta violación a los derechos de los campesinos e indígenas. No obstante, la ley dice que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que dar un dictamen favorable, que además es vinculante, esto es, que de no ser favorable no se podría realizar. Según declaró a la prensa el titular de Semarnat, José Luis Luege Tamargo, no hubo tal dictamen, sino que solamente "se les informó", aunque insiste que se actuó de acuerdo a la ley. (Angélica Enciso, La Jornada, 18/11/05.)

¿Qué quiere decir esto? ¿Hubo dictamen o no? Si así fue, ¿qué dice? ¿Por qué no se da a conocer al público? ¿Cómo se explica que liberen maíz transgénico en zonas donde existen razas de maíz nativo, que es el caso en los estados indicados? Esto contradice los criterios de evaluación de riesgo presentados por Sol Ortiz, del Instituto Nacional de Ecología, coordinadora del Subcomité Especializado de Medio Ambiente de la Cibiogem, en una reunión pública a mediados de 2005. ¿Cuál fue el papel de este subcomité, que es el que debería dar las bases para el dictamen al respecto de estas liberaciones?

La montaña de datos singulares que van surgiendo día a día en esta aprobación es más que preocupante. Es una muestra clara de que las multinacionales de los transgénicos tienen impunidad y actúan desde dentro del gobierno y de las instituciones públicas de investigación para lograr contaminar -ahora legalmente- al maíz en su centro de origen. Más que una ley Monsanto, al parecer tendremos un país Monsanto.

La autora es Investigadora del Grupo ETC.

Fuente: La Jornada