Venezuela: Transnacionales despejan camino para cultivo de transgénicos

Venezuela: Transnacionales despejan camino para cultivo de transgénicos

Claudia Jardim

Desinformación, falta de fiscalización y buena propaganda. Estos son los elementos que han favorecido a las transnacionales productoras de semillas genéticamente modificadas para preparar el terreno a la producción de transgénicos en Venezuela. Los productores aseguran que ya están realizándose experimentos con maíz transgénico. El campo venezolano continúa bajo la amenaza de los intereses de las industrias productoras de semillas genéticamente modificadas.

En abril de este año, alertado por un líder brasileño del movimiento Vía Campesina sobre los proyectos de la transnacional Monsanto de cultivar soya transgénica en el país, el presidente de la República, Hugo Chávez prohibió el uso de transgénicos en la producción agrícola. La declaración del presidente fue aplaudida por los movimientos sociales y campesinos de todo el continente que luchan contra la dominación de las transnacionales en la agricultura.

Sin embargo, más allá del discurso del presidente, nada se ha hecho. Ninguna ley ni decreto fue expedido para prohibir o reglamentar el manejo de los transgénicos en el país. Algo semejante a lo que ocurrió en Brasil durante el gobierno de Cardoso. Cuando se inició la plantación ilegal en los campos de Río Grande del Sur, el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) no fiscalizó la producción ni tampoco la entrada de semillas provenientes de Estados Unidos y Argentina (primero y segundo productores mundiales de transgénicos, respectivamente)

El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Prudencio Chacón afirma que el 70% de las semillas venezolanas son importadas, y admite que no hay control aduanero para la entrada de semillas. "Es bastante probable que así como hicieron en otros países, las semillas entren de contrabando, pero no tenemos control", afirma.La falta de equipos capaces de detectar a los transgénicos es uno de los factores que imposibilitan la fiscalización. "No tenemos equipos. Para realizar pruebas tendríamos que contratar a una empresa privada, a altos costos", afirma Jesús Ramos Oropeza, Director general de la oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Medio Ambiente.