Campesinos latinoamericanos se rebelan contra el poder de Monsanto y la privatización de las semillas, por Nazaret Castro
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latinoamericanos_se_rebelan_contra_el_poder_de_Monsanto_y_la_privatizacion_de_las_semillas
Colombia como espejo
Los movimientos chilenos se miraban en el espejo de Colombia, donde, en agosto del año pasado, la masiva paralización de los campesinos consiguió dejar en suspenso la Resolución 970, una ley que obligaba a los agricultores a utilizar exclusivamente semillas certificadas, es decir, patentadas por las empresas del sector del agronegocio.
Por las mismas fechas, se difundió por internet el documental 970, de Victoria Solano, que denuncia la injusticia cometida contra unos agricultores del departamento del Huila, en el interior del país, a quienes se requisó 70 toneladas de semillas de arroz no certificadas. Los campesinos respondieron que ni siquiera se les había comunicado la nueva ley. Muchos colombianos se enteraron a través de esa película de que, en Colombia, regalar o intercambiar semillas era delito. El presidente Juan Manuel Santos optó dejar la ley en suspenso; a finales de año, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley al no haberse sometido a la consulta de los pueblos indígenas.
Pese a la importancia que otorgan a esas victorias, los movimientos sociales en Chile y Colombia no bajan la guardia. Su recelo es común: en ambos casos, las leyes de privatización de las semillas respondían a un compromiso adquirido con Estados Unidos al firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con esos países. Ambos tratados incluyen, por imperativo de Washington, la ratificación de un convenio internacional llamado UPOV 91, que coloca restricciones a los agricultores en beneficio de los derechos de patente de las corporaciones.
Monsanto en Argentina
Aunque no ha firmado el TLC, Argentina tiene su propia Ley Monsanto, que también ha suscitado el rechazo popular: más de 10.000 argentinos firmaron contra la ley en la Campaña No a la Privatización de las Semillas. En este momento el proceso parlamentario de la ley no avanza, pero los movimientos sociales se mantienen vigilantes: “Ahora el trámite está parado, pero se está impulsando de a poco, como a escondidas. Y una ley de semillas como la que se planea sería muy peligrosa: nos dejaría totalmente fuera de la soberanía alimentaria”, explica Piru Famatina, activista del movimiento vecinal que rechaza la construcción de una planta de maíz transgénico en la provincia de Córdoba.
Si llegara a aprobarse el proyecto de ley, los agricultores argentinos se verían obligados a comprar la soja Intacta RR2BT, patentada por Monsanto. Eso respondería a la reclamación que Monsanto ha hecho al Gobierno argentino durante años: que muchos productores utilizan variedades locales muy similares a su soja transgénica, sin pagarle nada a cambio. Pero, mientras la ley es aprobada, la corporación estadounidense encontró una manera de obtener dinero: la empresa, bajo la amenaza de no seguir proporcionándoles su tecnología, ha firmado acuerdos privados con centenares de productores. “Esos contratos actúan como una estructura paralela de gobierno. Monsanto tiene detectores en los puertos para verificar si la soja que sale debe pagarle regalías”, asegura el doctor Mauricio Berger, profesor en el Seminario de Justicia Ambiental de la Universidad de Córdoba.
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Los movimientos chilenos se miraban en el espejo de Colombia, donde, en agosto del año pasado, la masiva paralización de los campesinos consiguió dejar en suspenso la Resolución 970, una ley que obligaba a los agricultores a utilizar exclusivamente semillas certificadas, es decir, patentadas por las empresas del sector del agronegocio.
Por las mismas fechas, se difundió por internet el documental 970, de Victoria Solano, que denuncia la injusticia cometida contra unos agricultores del departamento del Huila, en el interior del país, a quienes se requisó 70 toneladas de semillas de arroz no certificadas. Los campesinos respondieron que ni siquiera se les había comunicado la nueva ley. Muchos colombianos se enteraron a través de esa película de que, en Colombia, regalar o intercambiar semillas era delito. El presidente Juan Manuel Santos optó dejar la ley en suspenso; a finales de año, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley al no haberse sometido a la consulta de los pueblos indígenas.
Pese a la importancia que otorgan a esas victorias, los movimientos sociales en Chile y Colombia no bajan la guardia. Su recelo es común: en ambos casos, las leyes de privatización de las semillas respondían a un compromiso adquirido con Estados Unidos al firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con esos países. Ambos tratados incluyen, por imperativo de Washington, la ratificación de un convenio internacional llamado UPOV 91, que coloca restricciones a los agricultores en beneficio de los derechos de patente de las corporaciones.
Monsanto en Argentina
Aunque no ha firmado el TLC, Argentina tiene su propia Ley Monsanto, que también ha suscitado el rechazo popular: más de 10.000 argentinos firmaron contra la ley en la Campaña No a la Privatización de las Semillas. En este momento el proceso parlamentario de la ley no avanza, pero los movimientos sociales se mantienen vigilantes: “Ahora el trámite está parado, pero se está impulsando de a poco, como a escondidas. Y una ley de semillas como la que se planea sería muy peligrosa: nos dejaría totalmente fuera de la soberanía alimentaria”, explica Piru Famatina, activista del movimiento vecinal que rechaza la construcción de una planta de maíz transgénico en la provincia de Córdoba.
Si llegara a aprobarse el proyecto de ley, los agricultores argentinos se verían obligados a comprar la soja Intacta RR2BT, patentada por Monsanto. Eso respondería a la reclamación que Monsanto ha hecho al Gobierno argentino durante años: que muchos productores utilizan variedades locales muy similares a su soja transgénica, sin pagarle nada a cambio. Pero, mientras la ley es aprobada, la corporación estadounidense encontró una manera de obtener dinero: la empresa, bajo la amenaza de no seguir proporcionándoles su tecnología, ha firmado acuerdos privados con centenares de productores. “Esos contratos actúan como una estructura paralela de gobierno. Monsanto tiene detectores en los puertos para verificar si la soja que sale debe pagarle regalías”, asegura el doctor Mauricio Berger, profesor en el Seminario de Justicia Ambiental de la Universidad de Córdoba.
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