La paramilitarización del campo con la expansión de la soya

Javiera Rulli - 25-Feb-2008 - num.557
BASE Investigaciones Sociales, Buenos Aires, Argentina

Introducción

En este Boletín se presentan diversos registros de violencia contra la población campesina e indígena en Paraguay que tienen relación con el modelo agroexportador de la soya. En muchas zonas de Sudamérica se han registrado escaladas de violencia a consecuencia de la expansión de monocultivos de soya. Con este texto no se pretende criminalizar el cultivo de la soya, pero sí se propone analizar el modelo agroexportador que aumenta la violencia al agravar el acceso a la tierra.

Paraguay podría ser calificado como el país donde el agronegocio toma la cara más cruel, desplazando y violentando a la población rural con total impunidad. La militarización y para-militarización del campo están vinculadas a la ampliación y salvaguarda de los cultivos de soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los latifundistas sino también, y en gran proporción, en la superficie de las comunidades campesinas e indígenas. El Centro de Documentación y Estudios (CDE) explica los antecedentes del conflicto así: "En las colonias campesinas se da un proceso de minifundización de las parcelas, especialmente en aquellas más antiguas a causa del crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada".

Diversas misiones de observadores internacionales han podido atestiguar la violencia que producen los monocultivos de soya sobre la población rural paraguaya. En este sentido, las conclusiones de la misión internacional de FIAN (1) y Vía Campesina en el año 2006 fueron rotundas: "la expansión desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de líderes campesinos/as".

Así también se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de Derechos Humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18 dirigentes campesinos que fueron ejecutados por estos grupos. En otros casos, los asesinatos de líderes campesinos han sido cometidos por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones, que actúan como instrumento de represión y control social justo en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales tales como desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y de religión, contra quienes no aceptan su orden.

La segunda expansión de la soya en Paraguay se da aproximadamente en el 2000 con la introducción de la soya GM (genéticamente modificada), y se refleja directamente en el aumento vertiginoso de campesinos sin tierra en los últimos años, debido a que esta última ola de expansión toma lugar principalmente en tierras campesinas, en un momento en el que se han agotado las reservas de tierras públicas. Al mismo tiempo, las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas directa o indirectamente. La práctica del "guardia armado", en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras dentro de la comunidad, conllevan la para-militarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades.

Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo de la soya: las muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsiones "legales" de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial que padece el país.

No se puede ignorar que en Paraguay la impunidad histórica de la que gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los agronegocios puedan avanzar rápidamente. Esta es una de las características inalienables de la atracción de inversores extranjeros al país. La certeza de poder actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo único que importa es tener capital, no hay leyes ni ningún principio moral que seguir. El giro de la dictadura a la democracia en los años 90 no ha mejorado ostensiblemente la situación de los derechos humanos (2) .

Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es asimismo muy grave; en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156 detenciones siendo la población rural aproximadamente de 2,3 millones de personas (3) . Es un registro alarmante si se considera que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la población rural alcanza los 32 millones.

LEA EL RESTO: http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/39114