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En Carta abierta a la comunidad científica, académica y empresarial de Colombia, los participantes del Congreso dijeron que estos organismos genéticamente modificados (OGMs) ya generaron en otros países problemas ambientales, sociales, culturales y económicos de consecuencias irreversibles y "que a mediano y largo plazo atentan contra los derechos humanos de la gran mayoría de la población".
El Estado colombiano fue permisivo al dar la autorización para la entrada de los OGMs en el país. Además, para hacerlo sin protestas sociales vienen desarrollando jornadas denominadas "talleres de Bioseguridad", para desinformar a la opinión pública y a las instituciones sobre los riesgos de la introducción de cultivos transgénicos en el campo. En ellas se afirma que los efectos ambientales de los transgénicos son mínimos y los cultivos ayudarán a resolver el problema de hambre en el país.
Pero, de acuerdo a los firmantes de la Carta, "el maíz y el algodón transgénico, generará cruces genéticos con especies nativas que causarán degradación genética o "súpermalezas" en los agroecosistemas productivos; del mismo modo la tradición cultural, históricamente facilitadora de la seguridad alimentaría nacional, será vulnerada y arruinada por las políticas irresponsables del Estado colombiano que mide en términos de productidad la actividad agropecuaria y aumenta la desigualdad social en el sector rural colombiano, olvidando su compromiso con la soberanía nacional a partir del alimento como derecho humano fundamental".
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