LA MORDAZA DE LA "CIENCIA MERCENARIA"

Elizabeth Bravo, Acción Ecológica, Ecuador.

¿Son siempre las evidencias científicas una prueba irrefutable de la “la verdad”? Si revisamos la información publicada en revistas científicas vemos que éstas muchas veces responden a los intereses de los grupos de poder. Esta forma de producir conocimientos es calificada como “ciencia mercenaria”, hecha a pedido, y por lo mismo produce evidencias para satisfacer las demandas de sus auspiciantes. Se habla entonces de los auspicios como condicionantes de las evidencias.

Uno de los temas en los que con más fuerza se ha sentido esta tendencia es en el estudio sobre los transgénicos. Tenemos por ejemplo el caso de Arpad Pusztai, quien luego de producir sus resultados sobre los impactos de un tipo de papa transgénica en el tracto digestivo de ratas de laboratorio fue despedido de su trabajo bajo el argumento de que su investigación era incompetente. En realidad su despido fue el resultado de una campaña de presión por parte de científicos mercenarios que desacreditaron su trabajo. Estudios posteriores hechos en Egipto obtuvieron resultados similares a los de Pusztai.

Más tarde los estudios de Chapela y Quist sobre la contaminación transgénica del maíz nativo mexicano sufrieron igual suerte. A partir de su publicación en la revista Nature, se escribieron decenas de artículos y comentarios, se hicieron nuevos análisis para desmentir los resultados de los dos investigadores.

En estos meses el foco de los ataques se ha centrado en la investigadora peruana Antonietta Gutiérrez y un equipo de la Universidad Agraria La Molina, quienes realizaron un monitoreo de transgénicos en el Valle de Barranca al norte de Lima, y hallaron dos tipos de transgenes en el maíz que ahí se cultivaba: NK603 y BT11. Al mismo tiempo el equipo de trabajo analizó la presencia de transgénicos en dos tipos granos de maíz importado, y encontraron que estos contenían los eventos transgénicos MON 810 y NK603.

Luego de encontrar estos resultados, Antonietta Gutiérrez hizo un llamado para que se dictaminara de manera urgente una prohibición de la liberación de Organismos Vivos Modificados (OVM) en el medio ambiente, en tanto no existiera la capacidad institucional para implementar las normas de seguridad.

Hay que recordar que Perú es uno de los centros de diversidad del maíz y que, debido a su larga presencia en ese país, forma parte fundamental de los sistemas agrícolas de las poblaciones rurales peruanas, de su alimentación y de su mundo ritual; y es uno de los componentes básicos de la alimentación en general.

La investigación se hizo a partir de 319 muestras de maíz recolectadas en Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Barranca. Tras los análisis, se halló que 60% de la muestra cosechada en Barranca tenía transgenes, mientras que La Libertad presentó un 32% y Piura un 31%. De acuerdo a estos resultados, había ingresado al territorio peruano, de manera ilegal, seis tipos de modificaciones genéticas, denominadas en el plano científico MON810, BT11, TC507, MON863, NK603 y T25.

Como ha sucedido con otras investigaciones que destacan los impactos de los cultivos transgénicos ya sea en la salud, el ambiente o la biodiversidad (como es el caso de las investigaciones de la doctora Gutiérrez), sus resultados fueron cuestionados por otros investigadores, incluidos el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) que descartó la presencia ilegal de cultivos de maíz transgénico en el Valle de Barranca, luego de hacer sus propios estudios de verificación y añadió que el Valle de Barranca no representa un centro de origen de maíz, sino que ahí se cultivan maíces híbridos y variedades que no son nacionales.

El hecho de el INIA no haya detectado transgenes no implica la ausencia de contaminación genética. Es posible que la muestra analizada no contenga transgénicos, pero esto no descarta contaminación en una población más grande. Recordemos que la ausencia de evidencias no significa ausencia (en este caso de contaminación genética). Éste es uno de los pilares del principio de precaución.

Invocando al principio de precaución es importante recalcar que la obligación de un Estado no es hacer investigación con el fin de evaluar la calidad científica de un trabajo que demuestra que la biodiversidad local y la salud de sus ciudadanos podría estar en peligro, pero que pone en entredicho a la industria biotecnológica; sino tomar medidas precautorias para proteger la salud y el ambiente nacional.

FUENTE: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Los_OGM_y_la_ciencia._Boletin_de_la_RALLT_N1419