Productores luchan por conservar el maíz criollo, amenazado de muerte por los transgénicos

Por María Isabel Cárcamo, de RAP-AL Uruguay - Febrero 2009

EXTRACTOS:

La llegada del maíz transgénico

En el 2003 se introduce el maíz transgénico MON 810 de la empresa Monsanto y en el 2004 el Bt11 de la empresa Syngenta. Ambas semillas fueron permitidas para la comercialización y consumo humano y animal sin contar con la aprobación de amplios sectores de la sociedad, desde la universidad, pasando por políticos, consumidores y sociedad civil organizada. Demás está decir, que para los productores que conservan las semillas criollas, el mayor peligro es el de la posible contaminación de sus maíces con polen de los transgénicos. Ese peligro es muy real y estudios realizados en México, centro de origen de este cultivo, han demostrado que la contaminación ya ha ocurrido a partir del año 2001. (5) De ocurrir la contaminación –sin importar que afecte a 1, 3, o 4 sobre 10 plantas analizadas- ésta siempre será demasiada, ya que la pérdida de la semilla no transgénica es irreversible y afectará para siempre a aquellos productores que la han conservado por generaciones.

Dos años más tarde

En el 2006, en el marco del “Proyecto Desarrollo de Marco de Bioseguridad”, dos años después de la aprobación de su cultivo en nuestro país, la DINAMA publicó “Maíz Bt en Uruguay, Elementos para una evaluación de Riesgos Ambientales” (6), donde da a conocer que, a pesar de las medidas implementadas al momento de su aprobación, existen riesgos ciertos de contaminación de cultivos convencionales y orgánicos por el maíz transgénico. Agrega que tanto el maíz Mon 810 como el Bt11 no son adecuados para las plagas existentes en nuestro país y que al momento de ser evaluados estos maíces transgénicos por la Comisión de Evaluación y Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV), el análisis de riesgo no fue conducido correctamente en ninguno de los procesos de aprobación y que los informes elaborados por esa comisión estuvieron limitados a una interpretación de los materiales bibliográficos suministrados por la empresa.

Lo descrito en el informe realizado por el mismo organismo encargado de fiscalizar el cultivo de maíces transgénicos no ha sido tomado en cuenta. Tampoco se han realizado evaluaciones de los impactos de este cultivo, ni siquiera en predios linderos expuestos a contaminación.

Por lo tanto, se ha hecho caso omiso de las conclusiones de la evaluación realizada en el “Proyecto Desarrollo de Marco de Bioseguridad” y de la medida decretada relacionada a la evaluación en el momento de autorizar el cultivo del maíz Bt.

“Coexistencia regulada”, contaminación asegurada

En el mes de julio de 2008 el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, anunció que Uruguay manejará una política de "coexistencia regulada entre cultivos transgénicos y convencionales. ¿Es posible esa “coexistencia”?

La respuesta es no: la coexistencia no es posible. A nivel mundial se ha constatado que el polen del maíz transgénico fecunda las flores del maíz no transgénico, cuyas semillas resultan por tanto contaminadas con genes del maíz transgénico. Este hecho ha sido ampliamente comprobado a nivel mundial, a tal punto que Francia y otros países de la Unión Europea suspendieron a principios del 2008 la siembra de maíz transgénico Mon 810, por no ser posible evitar la contaminación hacia los cultivos no transgénicos y la no autorización se estableció también con respecto al maíz transgénico Bt11 de la empresa Syngenta.

El avance del maíz transgénico

De acuerdo al Instituto Nacional de Semillas (INASE), hasta la fecha en Uruguay el cultivo del maíz genéticamente modificado ascendió al 64% en la zafra 2006-2007. (7)

Según información recabada desde la DINAMA, en la zafra 2006-2007 la siembra de maíz transgénico se realizó en todo el país, a excepción de los departamentos de Artigas y Treinta y Tres, correspondiendo al maíz Mon 810 el 88% y el 12% al Bt11. Los departamentos de mayor producción fueron San José, con un 31,56 %, Soriano con un 26,96% y Florida con un 16,16%. (3)

En defensa del maíz criollo

Es deber del Estado tomar medidas para que la contaminación no continúe y que los productores que han conservado por largos años sus semillas puedan seguir manteniéndolas. Entre otras cosas, el Estado debería:

- Decretar una moratoria del maíz transgénico hasta no tener una evaluación sobre los impactos causados en el suelo en relación a los microorganismos y los impactos sobre los cultivos convencionales. De esta manera se cumpliría la medida decretada al momento de su autorización.

- Hacer un relevamiento de los productores que producen maíz NO transgénico y hacerl análisis con el objetivo de saber si estas semillas han sido contaminadas o no. En caso que estuviese contaminada, exigir a las empresas que se hagan cargo de la contaminación entregándoles semillas convencionales a los productores y resarciéndolos por los perjuicios causados.

- En la Unidad de Recursos Genéticos de INIA de La Estanzuela, se conservan unas 7.000 accesiones de 130 especies, en cámara a –18º C, complementándose con una red de Bancos activos localizados en las estaciones experimentales sede de los respectivos programas de mejoramiento. Dentro de las colecciones nacionales se encuentra el maíz. Dado que estas semillas no tienen propietarios más allá del trabajo que les llevó a muchas generaciones de nuestros agricultores conservarlas, bien podría esta Unidad devolver al menos parte de estas semillas de donde fueron sacadas. (8)

- Crear áreas libres de cultivos transgénicos y en este caso específico del maíz. Estas podrían estar asociadas a las áreas protegidas promulgadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

- Apoyar a los productores que han conservado por generaciones los maíces criollos e incentivar y promover para que más productores siembren estos maíces, con el objetivo de trabajar hacia una agricultura libre de cultivos transgénico y agrotóxicos y en camino a una soberanía alimentaría.

Un país productivo debe tomar en cuenta los derechos de todos los ciudadanos. Es deber de las autoridades, proteger a los productores que tienen sus semillas convencionales y que desean seguir sembrándolas, proteger los suelos, como un bien común y no como riqueza de unos pocos, proteger y ver las plantas como parte de un ecosistema y de la cadena alimentaria y finalmente respetar el derecho de los consumidores a saber lo que consumen y que éste no solo sea el privilegio de unos pocos sino el derecho de todos.

No se puede permitir el genocidio del maíz criollo.

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