Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 74
Los milenarios sistemas de saberes relacionados con la agricultura, y por supuesto las semillas mismas que le dan sustento a tantos siglos de cuidados comunitarios, son lo que está siendo atacado desde los Estados mismos que deberían velar por ellos, desde las corporaciones y los organismos multilaterales con sus leyes de certificación, propiedad intelectual, patentes y derechos de obtentor. Este número Biodiversidad hace un recuento de estos ataques, difunde la resistencia contra estas legislaciones y reflexiona sobre la responsabilidad que conlleva la libertad de las semillas.
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La foto nos muestra un mural con un niño comiendo una mazorca de maíz. Es una pared apropiada por la gente, que en alguna comunidad decidió expresar la importancia de comer maíz, de cultivarlo. En verdad, aunque no lo muestre el mural, esa mazorca en labios de un niño nos habla de la resistencia que crece en defensa de nuestra subsistencia más fundamental, ésa que en principio resuelven las propias familias, las propias comunidades. Los pueblos organizados. Soberanía alimentaria que le dicen, y reivindican más y más regiones. Qué más claridad para hablar de la urgencia que muros pintados con el sagrado maíz de tantos pueblos.
"Como en beneficio de un puñado de bárbaros
quemaron naciones enteras
de saltamontes y mariposas
y se bebieron todas las aguas
con divisiones criminales de tractores"
En los últimos meses, se ha reabierto un debate público acerca de la pertinencia o no de liberar en el Ecuador cultivos y semillas transgénicas. Usted ha manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con el mandato constitucional que declara al Ecuador libre de OGM. Al respecto, la Comisión Nacional de Consumidores por la Soberanía Alimentaria, el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, el Colectivo Nacional por la Agroecología —que integra a múltiples redes y federaciones nacionales y centenares de organizaciones y asociaciones de agricultores y campesinos, todos en unión con centros de investigación, científicos y académicos de prestigio— presentamos las siguientes consideraciones.
Recordemos que nuestra Constitución determina que la soberanía alimentaria es una obligación del Estado, la misma que se construye “fortaleciendo la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria; promoviendo la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas”. Es a la producción campesina a la que queremos confiar nuestra alimentación y es través de la soberanía alimentaria que queremos construir el país con el que soñamos.
Asombro e indignación nos ha provocado el artículo que bajo la firma de José Graziano Da Silva, director general de la FAO, y Suma Chakrabarti, presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, fue publicado el día 6 de septiembre por el Wall Street Journal. En dicha publicación ambas autoridades convocan a los gobiernos y al mundo social a abrazar al sector privado como motor y líder de la alimentación mundial.
Respondiendo a una demanda de los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, el 23 de agosto la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían que tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder y baldíos adjudicados a colonos pasaran a manos de empresarios para adelantar proyectos agropecuarios y forestales y que se adjudicaran baldíos en extensiones ilimitadas a empresas mediante contratos diversos.
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay (REDES-AT) se opone a la firma de un convenio confidencial entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la transnacional Monsanto, y alerta sobre una nueva ofensiva de la empresa en la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías.
El “Protocolo de Nagoya (PN) al Convenio de Diversidad Biológica (CDB), sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización”, está siendo revisado en varios países para acordar o no su ratificación. La Asamblea Legislativa de Costa Rica solicitó la opinión a diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la RCB. Aquí compartimos algunas ideas generales que nos sirvieron de telón de fondo para normar nuestro criterio y plantear su no ratificación.
Honduras: ciudades privadas, gastos públicos | Ratas cáncer y políticas transgénicas | Paraguay: Sobre ABC Color y su campaña sucia contra el IALA Guaraní | El 60% de la producción agrícola de América Latina procede de agricultura familiar | Valoración que hacen organizaciones campesinas africanas y grupos de la sociedad civil del papel de la Alianza por una Revolución Verde en África (AGRA)
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