viernes, junio 16, 2006

Pobre Paraguay

Insumos del milagro sojero paraguayo: represión, paramilitarismo y muertes


“La guardia ciudadana, que trabaja con la anuencia del ministro del interior, está ligada a latifundistas y sojeros, quienes las llaman ‘Comisión garrote’ y tiene como principal objetivo perseguir a dirigentes campesinos/as. La excusa de estas bandas armadas para ejercer apremios ilegales, es dar una respuesta a la creciente violencia y criminalidad en Asunción debida a la creciente expulsión de campesinos de sus tierras”

El 14 de junio comienzan las acciones del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) por la destitución de la fiscal Olga Wilma Araujo, quien debe investigar el asesinato de Serapio Villasboa Cabrera, desaparecido el 28 abril y hallado el 8 de mayo con once puñaladas. Los familiares y vecinos de la víctima adjudican el crimen a las paramilitares Guardias Ciudadanas y lo relacionan con la lucha de su hermana Petrona Villasbo, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), que exige justicia para su hijo Silvino Talavera - de 11 años -, muerto a causa de las fumigaciones de sojales con agrotóxicos. El MCP denunció que la responsable de las pesquisas “manifestó su negación a realizar más procedimientos en pos del esclarecimiento y detención de los sospechosos, aludiendo que la familia Villasboa busca únicamente beneficios económicos a raíz de la muerte de uno de sus integrantes” (refiriendo al fallecimiento del niño).

Según un informe difundido por el Grupo de Reflexión Rural (GRR), de Argentina, “estas organizaciones paramilitares están creando zozobra y amedrentando a la población en diversas zonas del país. En los últimos meses estos grupos, que se calcula pueden llegar estar conformados por 13.000 individuos entrenados y armados, han matado aproximadamente a 10 campesinos solamente en la región de San Pedro. Las prácticas ilegales de las Guardias Ciudadanas incluyen allanamientos, torturas y detenciones hacia quienes no aceptan el nuevo orden ilegal que imponen por el terror y la violencia”.

“La guardia ciudadana, que trabaja con la anuencia del ministro del interior, está ligada a latifundistas y sojeros, quienes las llaman ‘Comisión garrote’ y tiene como principal objetivo perseguir a dirigentes campesinos/as. La excusa de estas bandas armadas para ejercer apremios ilegales, es dar una respuesta a la creciente violencia y criminalidad en Asunción debida a la creciente expulsión de campesinos de sus tierras”, sostiene el GRR en su documento. “Se estima que la soja avanza 250.000 ha por año en Paraguay, causando la expulsión de 90.000 familias campesinas que se asientan en los cinturones de pobreza de diferentes ciudades. Frente a la creciente pobreza generalizada, el gobierno recurre a la necesidad de incrementar las fuerzas policiales en la capital y justifica una creciente estrategia de paramilitarización de grupos civiles controlados por los poderes políticos locales en las zonas campesinas”, concluye.

La encarnizada represión de la protesta social se mantiene como política de Estado a 17 años de finalizada la sangrienta dictadura de general Alfredo Stroesner (1954 – 1989). En enero 2005 el ministro del Interior, Rogelio Benítez anunció la instalación de 18 cuarteles militares en los departamentos rurales de San Pedro, Caaguazú y Caazapá - zonas de fuerte movilización campesina - para “ fortificar la lucha contra el crimen y combatir la inseguridad en estos departamentos, erradicar los abigeatos, los asaltos rurales e invasiones de propiedades privadas” (Argenpress, 25-01-05).

“Ante la no implementación de la Reforma Agraria, muchos campesinos sin tierra ejercen sus derechos mediante actos de desobediencia civil. La repuesta del Estado ha sido muchas veces la represión y violencia, convirtiendo a las protestas y reclamos en delitos, y a los pobres en delincuentes”, declaró Rita Zanotto de Vía Campesina a la agencia Minga Informativa de Movimientos Sociales. Entre el 26 de mayo y el 2 de junio una delegación de la organización campesina internacional y de la Red Internacional de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FAIN) visitó el país para constatar denuncias de violaciones a los derechos sociales y económicos de la población rural, a tal fin recorrió los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Paraguari, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú. Según concluyó la misión internacional, los indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos - grupos más vulnerables - enfrentan graves problemas de salud, desnutrición y hambre.

Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, con 2 millones de has - 64% de la superficie agrícola - dedicadas a este monocultivo, superficie que continúa en expansión. Según el suplemento Rural del diario argentino Clarín (12-06-04) “desde 1989, la producción total de la oleaginosa se multiplicó por cuatro: de 1.070.116 toneladas producidas hace 15 años, se alcanzaron 4.518.015 toneladas el año pasado (2003) . La expansión de los sojales no sólo afecta a las comunidades campesinas sino también a los pueblos originarios, con la pérdida de su territorio y el desplazamiento forzado - como es el caso de los ayoreo. Esta situación lleva a las organizaciones indígenas a demandar - sin demasiado éxito - el cese del avance sobre sus territorios y que el Instituto Nacional Indígena ponga en marcha planes de desarrollo integral y solucione los problemas que generan la destrucción de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales.

“La pobreza llega al 85% de la población. De los 5 800 000 de habitantes, 4 400 000 (77%) están en condiciones de trabajar, pero solo 2 700 000 personas (61%) posee algún tipo de empleo. El desempleo abierto (5.8%) afecta a 163 000 y el desempleo oculto a 108 000 (3.7%) según cifras oficiales”, afirmó Blas Franco Aquino, dirigente del Partido Patria Libre en declaraciones al periódico boliviano Che Militante. “El latifundismo es espectacular: El 80% de la tierra está en manos del 1% de la población. Es así como de 42 millones de hectáreas, 20 millones están en manos de latifundistas extranjeros, 18 millones en manos de latifundistas paraguayos y lo que resta en manos de campesinos”. Actualmente Franco Aquino y Angel Acosta Centurión, también de la conducción de PPL, están detenidos en Bolivia y el gobierno paraguayo solicita su extradición responsabilizándolos del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país, Raúl Cubas Grau. En Argentina seis integrantes de esa organización se encuentran en igual situación.

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1 Comentarios:

Blogger Unknown dijo...

PARAGUAY, LA PESADILLA CONTINUA. Por Luis Agüero Wagner
(http://itaiputecidos.zoomblog.com)
No es de extrañar que se cometan con la soja estos abusos . Para estar al tanto, conviene echar una mirada a su actualidad.
En un país donde una corriente política puede organizar por más de medio siglo sangrientas persecuciones en contra de la izquierda y después terminar autoproclamándose "socialista", está claro como el agua destilada que el doble discurso puede ser llevado a niveles de lo más insólitos. Y si mentimos, que lo diga Nicanor Duarte Frutos, quien se presentó ante la mandataria chilena Michelle Bachelet como un "perseguido por la dictadura" siendo hijo de un policía al servicio de Stroessner. Es decir, estamos ante la innegable existencia de luchadores y "luchadores".
Tales inmoralidades no son, la verdad sea dicha, patrimonio exclusivo del partido oficialista, sino que es un vicio ampliamente extendido entre opositores e incluso entre los inmaculados referentes morales de la "lucha" contra Stroessner. Esto es fácilmente verificable haciendo un seguimiento a nuestra presupuestada Comisión de "Verdad y Justicia", cuya verdad se parece bastante a la que describe cierta prensa paraguaya, y su justicia demasiado a la que se imparte desde su sede de Sajonia. Tanto la difusión de documentos comprometedores como la selección de los querellados, queda librado al arbitrio de los expertos autorizados, que se cuidan muy bien de mencionar antecedentes de algunos miembros del círculo áulico de "grandes luchadores", adjudicatarios de zoquetes, prebendas e incluso tierras malhabidas. Basta contabilizar todas las omisiones de la nota emitida el 7 de Noviembre de 2005, donde solo se mencionan 60 selectos casos de la represión dictatorial, omitiendo 7.940 reveladoras fichas de detenidos obrantes en los "Archivos del Terror".

Es bien sabido que para los investigadores autorizados y la patria periodística no cuentan la opinión del mismo Partido Comunista Paraguayo ni de la MCNOC si el acusado de informante al servicio de la represión es Víctor Báez Mosqueira, cuyos invalorables servicios a la patronal de la prensa permanecen en el más oscuro misterio.

Y ya que nos referimos a héroes populares, otro de los grandes "luchadores" contra Stroessner, el Sr. Nils Candia Gini, no parece haberse conformado con haber degradado al febrerismo hasta niveles inauditos con su escandalosa, inmoral y errática conducta. Por mencionar al azar una de sus últimas hazañas, el 8 de marzo se apersonó en el despacho del tenebroso represor de la dictadura "Mochito" Morales para expresarle "la confianza" del febrerismo. Mensaje que, obviamente, tiene mucho más que ver con los 140 millones de subsidio electoral al PRF que pretende cobrar en forma irregular que con la catadura moral del siniestro presidente de la deplorable Justicia Electoral.

No constituye desde luego esta conducta una sorpresa, viniendo de un integrante del grupo que hasta fue capaz de vender la primera candidatura a diputado de su partido al gran "luchador" de Clínicas Silvio Ferreira, por la módica suma de 200 millones de guaraníes.

La activista por los Derechos Humanos Gloria Estragó fue detenida el 10 de Diciembre de 1975 cuando militaba en el Partido Comunista. Permaneció detenida en total 13 meses, la mayor parte de este tiempo en el campo de concentración de Emboscada, donde sufrió apremios físicos y sicológicos.

Años más tarde Gloria testimonió que uno de los grandes "luchadores", Diego Abente Brun, había sido el delator responsable de su detención y torturas, así como de un sinnúmero de compañeros de militancia, algunos de los cuales acabaron muertos, detenidos, torturados o perdieron sus familias, trabajos y bienes. Lo peor fue que Diego Abente no se limitó a la delación, también se convirtió en activo colaborador durante las macabras sesiones de tortura en el Departamento de Investigaciones.

Lo más frustrante fue que al cabo de algunos años, al regresar de Estados Unidos, el delator y ayudante de tortura fue premiado con los máximos honores, ya que fue Senador de la Nación y luego influyente miembro del poder Ejecutivo. Los adulones de la patria periodística prestaron su silencio cómplice al poder de turno, negándose a ceder a Gloria el más mínimo espacio para sus testimonios, con el beneplácito de los consagrados "grandes luchadores", únicos autorizados a proveer las credenciales correspondientes.

Era lo que cabría esperar de farsantes que lo único que hicieron durante la transición fue lucrar con las dádivas del mayor narcotraficante de la historia del país, de un testaferro del hijo del dictador y del vástago de uno de sus principales ministros, en ese orden.

3:52 p. m.  

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